Managua. El gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega ordenó este viernes la salida de una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tras un contundente informe sobre la represión en el país, anunció la cancillería en una carta distribuida a la prensa.

“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación (a la misión de la ONU), este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, indica la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el jueves y hecha pública un día después.

La misión anunció que abandonará Nicaragua este sábado.

La decisión se produce dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno consideró una "extralimitación" de facultades de la entidad.

Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia en el país deja más de 320 muertos, 2.000 heridos y una cantidad no exacta de detenidos, desaparecidos y miles de desplazados a Costa Rica.

El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, fue llamado a la Cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión.

La misión llegó a Nicaragua el 24 de junio y "le ha comunicado al gobierno la salida de este equipo (de cuatro miembros) el 1°. de setiembre", dijo Fernández en conferencia de prensa.

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El funcionario se mostró sorprendido por la reacción del gobierno: "No esperábamos que hubiera una decisión en este sentido".

El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que "proseguirá su labor" de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua "de forma remota", conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.

También indica que continuará apoyando a las víctimas y familiares y "reitera su disposición" de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

"Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a (la chilena Michelle Bachelet), que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para Derechos Humanos", escribió en Twitter José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.

La decisión del gobierno fue acompañada de un ambiente de intimidación en las proximidades de la sede de Naciones Unidas en Managua, donde se desplegaron grupos de simpatizantes del gobierno con música de protesta y el estallido de potentes bombas artesanales.

Según el gobierno, la invitación a la misión de la ONU tenía como objetivo acompañar el desmantelamiento de los bloqueos de carretera que mantuvieron los manifestantes antigubernamentales hasta julio, cuando el gobierno los eliminó con una violenta campaña denominada "operación limpieza".

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‘Clima de miedo’

El informe de la ONU, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el “clima de miedo” en Nicaragua tras la violenta reacción a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril pasado contra la administración de Ortega.

“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, señaló en Ginebra el Alto Comisionado Zeid Ra’ad al-Hussein.

Entre las violaciones documentadas en el informe figuran “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos”.

El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la crisis de Nicaragua el 5 de setiembre, según dijo Fernández.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha documentado los abusos cometidos por fuerzas del orden en la campaña por erradicar las protestas, calificó como "insólita" e "inoportuna" la decisión del gobierno.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, consideró que la expulsión "refleja el ánimo de una persona que se siente completamente perdida, que ya no puede ocultar sus responsabilidades y seguir ocultando la verdad", en referencia al presidente Ortega.

Núñez consideró que esa acción "manda un mensaje amenazante, eso significa que va a arreciar la represión en contra del pueblo nicaragüense. Es una forma de intimidar y de meter miedo", advirtió Núñez, una férrea crítica del gobierno.

Ortega, de 72 años y con 11 años en el poder, refutó el miércoles duramente el informe, y acusó al organismo de la ONU de ser "un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia".

Entre tanto, España anunció este viernes que mantendrá la cooperación con Nicaragua, aunque aclaró que eliminaría cualquier ayuda para las fuerzas de seguridad.

Las protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social, que se transformó en una demanda para la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.