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Quito. Los indígenas y el gobierno en Ecuador buscan aproximar este jueves posiciones en la crisis que estalló con violentas protestas por un programa de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que disparó el precio de los combustibles.
Después de una semana de manifestaciones, con cientos de heridos y detenidos, que sumieron en el caos a Quito e interrumpieron el transporte de crudo por el principal ducto, las expectativas se centran en una posible negociación con los buenos oficios de la Iglesia católica y Naciones Unidas.
"Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas", sostuvo el presidente Lenín Moreno la noche del miércoles. "Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", añadió.
Moreno, que llevó la sede del gobierno a Guayaquil acosado por las manifestaciones, estuvo el miércoles por unas horas en Quito para seguir el curso de las conversaciones.
Líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se expresan con más cautela frente a los contactos, e incluso algunos como Marlon Vargas son abiertamente reacios a dialogar con un "gobierno que ha cedido a las presiones del Fondo Monetario Internacional".
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Por lo pronto la "movilización está en marcha, no ha terminado", añadió otro líder indígena, Salvador Quishpe.
Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la "debacle" a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de "derroche, endeudamiento y corrupción" en el gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa.
Entre los ajustes está el desmonte de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%.
Un sector vulnerable
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabaja en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una escalada inflacionaria.
El miércoles la Conaie mostró músculo con una multitudinaria marcha sobre Quito, la agobiada capital ecuatoriana que lleva más de una semana sin clases ni transporte público, y con el comercio restringido.
Grupos de trabajadores y jóvenes, algunos encapuchados, que apoyan la protesta, se enfrentaron a piedras, palos y bombas incendiarias con la fuerza pública que respondió con gas lacrimógeno.
Sin embargo, los indígenas estuvieron casi que al margen de los choques, lo que fue saludado por Moreno en medio de su intento de acercar posiciones.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción que impuso Moreno apenas comenzaron las protestas el 2 de octubre.
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En siete días de manifestaciones, el gobierno da cuenta de un muerto y 766 detenidos. La Cruz Roja por su parte ha atendido a 122 heridos.
El bastón del gobierno
Unos 74.000 militares y policías han sido desplegados en medio de esta crisis que castiga a la ya vapuleada economía ecuatoriana.
En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68% de la producción nacional (531.000 barriles por día).
Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, las gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con Correa, devenido en su mayor adversario político.
El presidente tuvo un respiro después de que también miles se congregaran en Guayaquil, el fortín de la derecha de Ecuador, para rechazar las violencia en las protestas.
Autoridades y dirigentes presentes en la concentración evitaron endosar un apoyo directo al presidente, pero entre los manifestantes el mensaje fue claro: “Las medidas son duras, pero esto le debía haber correspondido al (pasado) gobierno de Rafael Correa, que no lo hizo. Y ahora tenemos que dejar que el presidente siga”, dijo Geovanni Molina, un jubilado de 68 años.
