Escuchar
Managua. El gobierno de Nicaragua acusó este martes a la alianza opositora de intentar romper el orden constitucional con las protestas que realiza para presionar la salida del poder del presidente Daniel Ortega, que dejan más de 212 muertos en dos meses.
“Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del Gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica”, dijo el canciller Denis Moncada ante una comisión de la CIDH, según consignó el sitio digital informativo progubernamental “Informe Pastran”.
El Gobierno y sus opositores reanudaron el lunes un diálogo que busca una salida a la crisis, pero volvió a estancarse pues Ortega aún no responde a la propuesta de la Iglesia católica –mediadora– de adelantar las elecciones del 2021 a marzo del 2019.
Ante ello, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –grupos de la sociedad civil– se reunieron este martes para definir estrategias de presión, aunque aún no las anunciaron.
LEA MÁS: El Ejército de Nicaragua, ¿qué debe hacer en la crisis política actual?
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
“En Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico”, denunció por su lado el canciller Moncada.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero del 2022, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.
Murillo, una extravagante mujer de 67 años, con enorme poder en el Gobierno, dijo este martes estar “orando por la paz” y celebró los operativos que están desmontando cientos de bloqueos que mantienen los opositores en las calles.
Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto –entre ellas menores de edad–, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes, que tienen semiparalizado al país.
LEA MÁS: Cinco claves sobre la reanudación del diálogo en Nicaragua
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo, torturando, asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.
El pánico que siembran en Nicaragua esos hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días se multiplicaron las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de seguridad, Elvira Cuadra.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma con el obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.
“El llamado de la CIDH es muy fuerte y claro: hay que cesar todo acto de represión”, declaró en Managua María Claudia Pulido, secretaria adjunta del organismo.
La delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar muy en serio el informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir “el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.
