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Bogotá. Tras la declaración de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sobre el ingreso de dineros a la campaña, “los cuales habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido reportados ante las autoridades”, viene ahora un desafío enorme para el Gobierno Nacional: convencer al país de que su elección fue legítima.
Se trata de una tarea urgente. No solo está en juego su propia gobernabilidad sino porque en el muy corto plazo, el 29 de octubre, se realizarán las elecciones locales que evaluarán al mandatario, en particular; y al Pacto Histórico, en general.
Para la colectividad los resultados son trascendentales. Se definirá si es un proyecto político sólido o se trató de una fugaz ilusión para quienes creyeron que votaron por el cambio.
Petro, sin embargo, lo tendrá muy difícil. Ernesto Samper Pizano, quien hasta hoy alega su inocencia en el ingreso de dinero del cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Presidencia en 1994, suele contar que tras su posesión se la pasó el resto de su mandato defendiéndose de unos delitos que él no cometió. Y que, por lo tanto, eso le impidió realizar las reformas que se había propuesto.
“Si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad”, dijo en la tarde de este jueves Petro.
Así va este caso que empezó con una historia de infidelidad de Nicolás Petro a su esposa Daysuris Vásquez. Desde un principio, los más leales a Petro, en especial los muy activos en redes sociales, señalaron a la oposición de hacer un montaje. Un “circo electoral del fiscal Francisco Barbosa”, dijo Gustavo Bolívar, uno de los cercanos a Palacio y aspirante a la alcaldía de Bogotá.
Con la declaración de su propio hijo, esta tesis pierde valor. El señalamiento no es de un contradictor ideológico al jefe del Estado ni una puesta en escena orquestada por la oposición. Es, sin embargo, una revelación que debe ser probada judicialmente. Ese es otro capítulo.
El impacto político es de extrema gravedad. “El testimonio de Nicolás Petro es una bomba que estremece los cimientos de la democracia, pone en estado de coma al gobierno del presidente Petro, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose”, dice Sergio Fajardo, quien compitió con él en las elecciones. “Sus políticas quedarán en entredicho y desatará más rabias, odios, frustraciones”.
César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, por su parte, reividica la institucionalidad. “La reacción de los directivos de los partidos políticos y de las organizaciones sociales debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución. Es necesario comportarse con la mayor serenidad y pensando no solo en el presente sino en el futuro de las instituciones patrias”.
Mientras que desde el partido de ‘la U’ piden máxima claridad cuanto antes. En este partido entienden que lo dicho por el diputado del Atlántico es de tal dimensión que puede afectar la vida de todos los colombianos.
“Desde ‘la U’ solicitamos a la Rama Judicial que, con el respeto a las formas, se decidan, de manera ágil y preferente”, dijo Juan Felipe Lemos, vocero de la dirección del partido. “La institucionalidad del país necesita pronta justicia”, argumentó.
¿Qué puede pasar en las próximas horas? Los partidos de oposición reiterarán su exigencia en renuncias inmediatas. En la mira, obvio, está quien fuera el gerente de la campaña, Ricardo Roa, y hoy presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. “Exijo que renuncie de manera inmediata, esperemos que la justicia proceda de manera ágil. Colombia reclama verdad”, aseguró el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal, para quien es tarde que Roa no haya dado un paso al costado.
“Se pone en serias dudas la legitimidad del Gobierno. Repetir la historia del proceso 8.000 no puede congelar el país. Pido estricta celeridad a la justicia para que determine la responsabilidad del Presidente”, dice David Luna, de Cambio Radical.
Mientras tanto, el Pacto Histórico insiste en la inocencia del jefe del Estado. “El propio candidato dijo que había un plan de infiltrar con dineros del narcotráfico”, dice el representante Heráclito Landínez Suárez. “Por eso él dijo que no se recibirían aportes y que no había nadie autorizado para recibir aportes”.
Una tesis que no convence al expresidente Andrés Pastrana. “La responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato”.
Lo cierto es que ayer sobre el país político cayó un manto de una ilusión que se esfuma: “Millones de personas creímos en un proyecto de cambio que prometía hacer política de forma distinta a lo que criticamos siempre”, se lamenta la representante Cathy Juvinao.
