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Ciudad de Guatemala, Guatemala
Guatemala canceló "las visas de cortesía" de dos abogados que dejaron de trabajar para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en octubre, informó este sábado una fuente oficial.
En una declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que la Cicig notificó, mediante notas diplomáticas, que Christian Ulate Duran y Cristina Guillermo Gamboa Dormodin, ambos de nacionalidad costarricense, dejaron sus funciones en ese organismo.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese sentido, ha procedido a notificar a la Dirección General de Migración que las visas de cortesía de las personas mencionadas han sido canceladas", señaló la Cancillería.
El titular de la Cicig, Iván Velásquez, aseguró el viernes que la renuncia de dos abogados de la entidad y de un fiscal del Ministerio Público (MP-Fiscalía) "no significa que las investigaciones" en curso "se paralicen".
El máximo responsable de la Cicig remarcó a periodistas que el trabajo de esta organización de la ONU es siempre una tarea colectiva que no se ve afectada por decisiones personales.
"Si un funcionario renuncia, se reemplaza. Eso es lo que hacemos", afirmó el abogado colombiano durante la presentación el viernes del Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala.
Con estas palabras, Velásquez salió al paso de las informaciones publicadas por el diario guatemalteco El Periódico, en las que adelantaba la dimisión de dos abogados de la Cicig, Ulate y Gamboa, que abandonaban la institución para fundar una consultora junto al millonario empresario José María Cóma.
A estas renuncias se suma la del fiscal José Antonio Morales, encargado del caso "La Línea", que anunció la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Thelma Aldana, el pasado jueves, aunque se había presentado el pasado 11 de noviembre.
"La Línea" es el escándalo de fraude aduanero que afecta al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar esta trama de corrupción que defraudó millones de dólares al estado.
Los dos ex altos funcionarios están en prisión preventiva acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Además de este caso, Morales también tenía bajo su responsabilidad otra investigación de corrupción en el Seguro Social del país, en el que están implicados funcionarios y particulares, y que se conoce como IGGS-PISA.
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Las autoridades acusan a los 17 arrestados por este fraude de la adjudicación de un contrato que afectó a algunos pacientes con insuficiencia renal y por el que se investigan siete muertes.
