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Guatemala arde. La gente se ha tirado a las calles y, desde hace un par de semanas, la voz del pueblo chapín hace temblar la casa de cartas en la que se refugia, por el momento, su presidente Otto Pérez Molina. Estudiantes universitarios, campesinos indígenas, miembros de sindicatos, colectivos LGBT, el sector productivo e, incluso, un grupo de frailes franciscanos; en la calle merman las diferencias cuando hay un objetivo en común: “Otto, renuncia”.
La tensión política que vive el país más al norte de Centroamérica explotó a mitad de abril. El Ministerio Público y un grupo de investigación apoyado por la ONU –llamado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– pusieron al descubierto una red de corrupción fantasma que controlaba el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “Una estructura criminal con la capacidad de instalar o remover jerarcas del SAT, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importaciones y defraudar al fisco por cifras multimillonarias cada semana”, reportó Bill Barreto, del diario independiente Plaza Pública .
La Línea, se hace llamar esta red que parece salida de una novela criminal. Se vinculó con ella a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti, quien hasta hace poco fue vicepresidenta de Guatemala; su nombre es uno de los tantos que ya han sido tachados de la alineación gubernamental. Las renuncias en los círculos cercanos al presidente Pérez Molina se han sucedido de manera vertiginosa, al tiempo que la indignación y la protesta en las calles se convierte en un músculo robusto y compacto, difícil de dispersar.
El procedimiento de La Línea funciona más o menos así, de acuerdo con Plaza Pública : cuando llega un contenedor con mercadería a la aduana, un técnico de la SAT reportará la carga, lo informará a algún integrante de la red y, con su consentimiento, le asignará un valor tributario menor al real. El importador pagará a la SAT (es decir, al Estado) un 40% del impuesto que debería pagar, entregará un 30% como soborno a La Línea y se ahorrará (es decir, defraudará al fisco) el restante 30%. Ganar, ganar, ganar. “Para lograr esto, La Línea coloca en puestos clave a miembros de la red, desde vistas aduaneros hasta jefes de recursos humanos, administradores y el mismo superintendente de la SAT. Una cadena que empieza al más alto nivel y que permite delegar en cascada las responsabilidades de la estructura”, cuenta Barreto.
La escala corruptiva es monumental. Si bien Juan Carlos Monzón, la cabeza tributaria del país, es señalado como líder de La Línea y autor del escándalo de corrupción descubierto, una duda se hacía evidente: ¿quién puso a Monzón ahí? No lo dijo el Ministerio Público, pero sí lo dice la ley del país: fue el presidente, Ottó Pérez Molina.
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Un mes después de que el Ministerio Público y la CICIG publicaran su informe –basado, sobre todo, en escuchas telefónicas de llamadas entre Monzón y otros miembros de La Línea–, decenas de miles de manifestantes se presentaron en la Plaza de la Constitución, la mayor del país, ubicada en el corazón histórico de Ciudad de Guatemala. Rodeada por edificios añejos, sedes del poder chapín; en su centro, una gran bandera celeste y blanco ondeando.
Era el 16 de mayo, en Centroamérica llovía a cántaros y Guatemala clamaba por justicia. Poco importó el persistente aguacero. Menos todavía que la manifestación, convocada por el movimiento ciudadano #RenunciaYa, estuviera pactada para las tres de la tarde: tan pronto amaneció, la plaza se colmó de ciudadanos, todos unidos, todos homogeneizados por el deseo de justicia.
Llevaron pancartas y carteles. Primero coreaban cánticos que hacían mofa del presidente; luego clamaban por su renuncia inmediata, irreversible. Para demostrar que están más unidos que nunca, más determinados que siempre, cantaron una versión a capella del himno nacional, pocas veces profesado con semejante ímpetu.
Algunos medios hablan de 15.000 personas. Otros, de 50.000. El diario Prensa Libre fue el más ambicioso: publicó que en la plaza se reunieron 60.000 personas. El Periódico reporta convocatorias de guatemaltecos que viven fuera del país, unidos a la causa desde Estados Unidos, Argentina, España, Corea del Sur, Francia, Alemania, Chiles y muchos otros países más.
Poco les importa a los manifestantes que al actual gobierno le resten apenas ocho meses en el poder –su período, que comenzó en enero del 2012 y se extenderá, en teoría, hasta el 14 de enero del 2016–. El pueblo quiere su justicia poética: quieren ver la caída del máximo jerarca. La posibilidad es real. La Fiscalía de Guatemala ha apresado a 17 personas vinculadas con los escándalos de corrupción, en cuenta los directores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, y del Banco de Guatemala –la entidad financiera oficial del Estado–, Julio Suárez.
Como si no ardiera ya el rancho, este jueves por la mañana se anunció y confirmó la renuncia del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, solo tres días después de que Pérez Molina asegurara, a través del sitio web oficial del Gobierno de Guatemala que “no hay ninguna renuncia en el gabinete y no existe la intención de ningún ministro de renunciar”. Aseguró que su equipo y él están trabajando para darle una nueva imagen y una nueva visión al Estado de Guatemala.
Pese a esto, la dimisión de López Bonilla, junto a la de la vicepresidenta Baldetti, hacen parecer que la burbuja de confianza en torno a Pérez Molina se resquebraja. Los tres han asegurado, en reiteradas ocasiones, que no tienen nada que ver con los escándalos de corrupción. No que esto satisfaga a la gente ni ayude a, por lo menos, contener el aluvión de protestas. López Bonilla era el hombre fuerte del presidente, su hombre de confianza; fue, incluso, su jefe de campaña. La situación se agudiza cada día, y Pérez Molina está cada vez más solo.
Al cierre de edición de esta revista, Pérez Molina seguía siendo el presidente de Guatemala. Sin embargo, en la Plaza de la Constitución aún resuenan las gargantas de decenas de miles de manifestantes. “Libre al viento tu hermosa bandera / a vencer o morir llamará; / que tu pueblo con ánima fiera / antes muerto que esclavo será”, cantan todavía. Su eco llega hasta el Palacio Nacional, sede del gobierno, oficina presidencial.
La casa de cartas tiembla.
