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Ciudad de Guatemala. Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala llega a su fin este martes, con el cierre de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en el 2015 del entonces presidente Otto Pérez.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta el 2021.
Morales, quien antes elogiaba el trabajo de Cicig, llegó a señalarla de ser una amenaza a la paz del país y prohibió el regreso de su jefe, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.
El presidente electo, Alejandro Giammattei, que debe asumir el poder el próximo enero, se negó a pedir la continuidad de la Cicig y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional.
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La salida de la Cicig deja una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.
Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo que la salida de la Cicig responde a "presiones de los sectores oscuros", aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.
"Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos", agregó la activista.
Retos anticorrupción
La Cicig llevó al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros señalados de corrupción, incluyendo la ex primera dama Sandra Torres, detenida y enviada a prisión el lunes por un caso de financiamiento electoral irregular.
Varias organizaciones sociales han emitido pronunciamientos para agradecer la labor de la misión.
"El pueblo no olvidará", señalaba un colorido mural pintado en el edificio que fue sede de Cicig en Ciudad de Guatemala, que luego fue borrado.
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Aunque empezó a funcionar en el 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en el 2015 cuando la Cicig agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia de Pérez, señalado como cabecilla de la estafa.
Su sucesor, Morales, llegó al poder enarbolando las banderas anticorrupción, pero en agosto de 2017, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar sus fueros al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña. El Congreso evitó despojarlo de inmunidad.
Un año antes, una investigación de la Fiscalía y la Cicig llevó al arresto de un hermano y un hijo de Morales por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado.
El presidente y los detractores de la Cicig insisten que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos.
Muralles rechazó esos argumentos, señalando que la "Cicig buscó y encontró esas negociaciones oscuras", e indicó que sectores empresariales del país "se aliaron" con Morales "que por supuesto prefirió servir de alfombra y el país ya no le importó".
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La Cicig "tocó el corazón de la impunidad y la corrupción" en "personajes que tienen un muy fuerte poder económico", dijo Álvaro Montenegro, del colectivo Alianza por las Reformas.
Para el activista, evitar un retroceso en la lucha contra la corrupción será un "gran reto" para la sociedad civil guatemalteca.
"Será una responsabilidad de la ciudadanía de estar empujando al Ministerio Público. De estar observando, fiscalizando y de estar exigiendo que se continúe con esta labor" anticorrupción, agregó.
Sí se puede
La Fundación Right Livelihood, que entregó en el 2018 su llamado Nobel alternativo a Aldana y Velásquez, calificó el trabajo de la Cicig como “una de las campañas anticorrupción más exitosas del mundo”.
"Su experiencia debe usarse como una hoja de ruta para el futuro también en otros lugares del mundo donde la corrupción está dañando a la sociedad", dijo su director Ole von Uexkull.
La Cicig en su informe final destacó que desmanteló 70 estructuras criminales, llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.
"Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana (...). Que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quién sea la persona a la que se esté investigando", señaló Velásquez en una entrevista divulgada por la ONU.
Aldana expresó en Twitter su reconocimiento a la misión: “Gracias Cicig por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos”.
