Nueva York. El fiscal estadounidense Jason Richman afirmó este miércoles que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibía sobornos de narcotraficantes –no especificó quiénes– y a cambio estos recibían protección.

La revelación la hizo ante un tribunal federal de Manhattan donde comenzó el juicio contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del gobernante, quien hace frente a cargos por tráfico de cocaína a Estados Unidos.

La Fiscalía también dijo que el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán –condenado a cadena perpetua en Estados Unidos– dio un millón de dólares en sobornos a Tony Hernández para que este se los entregara al mandatario.

El exdiputado Tony Hernández Alvarado, de 41 años, fue detenido en un aeropuerto de Miami en noviembre del 2018 y acusado de cuatro delitos por los cuales enfrenta un mínimo de cinco años de cárcel y hasta cadena perpetua. Hace casi un año está preso en Estados Unidos.

El juicio empezó con la selección de los jurados y lo preside el juez federal de Manhattan Kevin Castel. El gobierno estima que durará unos 10 días hábiles.

Horas después, en Tegucigalpa, el presidente Hernández descalificó la exposición de la Fiscalía. “La alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”, respondió en Twitter.

Los fiscales describieron a Tony Hernández como un “violento traficante de droga de épicas proporciones” que se dedicó a ganar miles de dólares traficando cantidades “masivas” de estupefacientes. Sus abogados, sin embargo, dijeron al jurado que no se verán pruebas contra su cliente en todo el juicio.

El fiscal no especificó cuando ocurrió el supuesto pago de el Chapo. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos.

Familiares de Tony Hernández que estaban presentes en la sala no quisieron comentar sobre el asunto con periodistas.

La situación se desató durante el primer día de un juicio por narcotráfico al hermano del mandatario hondureño, que también está acusado de portar armas y de mentir a las autoridades estadounidenses.

“Juan Antonio está muy fuerte, está muy animado” y cree que será declarado inocente porque “es víctima de una gran conspiración del crimen organizado internacional”, aseguró el martes en la noche su familia en una carta difundida en Tegucigalpa.

Sus abogados "están optimistas y sólidos en la defensa, convencidos de que aportarán todos los elementos para demostrar su INOCENCIA", añadieron.

El Gobierno estadounidense asegura que el “violento” acusado, miembro del Congreso del 2014 al 2018, estuvo involucrado al menos desde el 2004 y durante más de 10 años en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a Estados Unido sen avión, lanchas y, al menos una vez, en submarino.

Según la Fiscalía, estuvo también involucrado en al menos dos asesinatos de narcos rivales entre el 2011 y el 2013.

El hermano del mandatario hondureño tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en algunos de los cuales la droga era etiquetada con sus iniciales “TH”, según el despacho de Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Manhattan.

“Creía que podía operar con total impunidad”, aseguró la Fiscalía.

Financiamiento electoral

La Justicia estadounidense indica que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las elecciones presidenciales del 2009, que ganó Porfirio Lobo (2010-2014), y del 2013, cuando triunfó por primera vez Juan Orlando Hernández.

Una relación de hechos presentada en agosto por la Fiscalía de Manhattan para el proceso sostuvo que el presidente Hernandez recibió al menos $1,5 millones de dinero del narcotráfico para su primera campaña, y un millón de lempiras (unos $40.000) para la segunda.

También aseguró que Lobo recibió $2 millones de dólares para su campaña.

La Fiscalía dijo que probará que Lobo y Juan Orlando Hernández fueron coconspiradores del acusado, y aseguró que ambos fueron “electos presidentes a base, al menos en parte, de ganancias del tráfico de droga”.

Pero el mandatario, reelegido en cuestionados comicios en el 2017, no ha sido inculpado formalmente por la Justicia estadounidense y niega las acusaciones.

Tras masivas manifestaciones opositoras para exigir su renuncia, Hernández aseguró la semana pasada ante Naciones Unidas que hay “una campaña de desprestigio” en su contra liderada por exjefes narcos furiosos por haber sido extraditados a Estados Unidos.

Los abogados de Tony Hernández dicen que el verdadero blanco de la DEA, la Agencia Antidrogas Estadounidense, es el presidente.

Testigos

El gobierno planifica llamar como testigos a cinco antiguos cómplices del acusado, entre ellos Alexander Ardón, exalcalde hondureño acusado de negociar con narcos de Colombia, Honduras, Guatemala y México para enviar cocaína a Estados Unidos entre el 2000 y el 2015, que se entregó a la DEA en febrero.

Otro testigo sería Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel hondureño Los Cachiros, preso en Estados Unidos y quien declaró en el 2017 haber sobornado a Tony Hernández cuando era diputado.

El capo hizo esta declaración al dar testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo que en el 2017 fue condenado en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico.

Otro pariente de Tony Hernández y del presidente, su primo Mauricio Hernández Pineda, exoficial de policía, también fue acusado este mes en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína y posesión de armas.

En el 2017, el excongresista Yani Rosenthal, dos veces candidato presidencial, fue sentenciado en Nueva York a tres años de prisión por lavado de dinero proveniente de Los Cachiros. Su padre, acusado del mismo delito, falleció en enero.

Su primo Yankel Rosenthal, exministro de Hernández, fue sentenciado también a dos años y medio de prisión por el mismo delito.