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Copenhague. El líder independentista Carles Puigdemont fue propuesto este lunes como candidato a presidir nuevamente Cataluña y se mostró dispuesto desde Dinamarca a formar gobierno, a pesar del rechazo y el “autoritarismo” de Madrid y su persecución judicial en España por rebelión y sedición.
"Propondré a la Cámara al diputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán)”, anunció en una comparecencia en Barcelona el presidente del Parlamento regional, Róger Torrent, tras reunirse la semana anterior con los diferentes partidos.
“Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont (...), pero soy consciente también de su absoluta legitimidad para ser candidato”, añadió Torrent, quien no fijó la fecha del debate que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero.
Puigdemont se arriesga a ser detenido si vuelve a España para su investidura y por eso quiere ser escogido a distancia por el Parlamento, donde los independentistas tienen mayoría absoluta tras las elecciones del 21 de diciembre.
Los comicios fueron convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy, tras intervenir la región de 7,5 millones de habitantes y que representa casi un 20% del producto interno bruto (PIB) español, horas después de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.
Después de unos meses de relativa calma tras la tensión de octubre, la designación de Puigdemont amenaza con reavivar el conflicto con el Ejecutivo español, que busca evitar su nominación.
“No nos parece que sea el mejor inicio de la legislatura el proponer a un prófugo de la Justicia”, dijo desde Bruselas el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis.
Puigdemont mantiene su promesa electoral de restituir su “gobierno legítimo”, destituido por Madrid después de intervenir la región. “No vamos a capitular frente al autoritarismo, a pesar de las amenazas de Madrid. Pronto formaremos un nuevo gobierno”, advirtió en un debate sobre el conflicto catalán celebrado en la Universidad de Copenhague en Dinamarca.
Este pequeño pero desarrollado país escandinavo, que los independentistas catalanes suelen poner como ejemplo de cómo sería su república, fue el destino escogido por Puigdemont para su primer viaje público al extranjero desde que se instaló en Bélgica a finales de octubre.
Juez rechaza solicitud
La Fiscalía quiso aprovechar este desplazamiento para reactivar una orden europea de detención retirada en diciembre, pero el juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra él y los líderes independentistas declinó la petición.
El magistrado Pablo Llarena alegó que Puigdemont buscaba “la provocación de una detención en el extranjero” para poder ser investido a distancia, alegando que su ausencia “no responde a su libre decisión como prófugo de la Justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.
Esta causa judicial ha puesto en aprietos a los independentistas. Aunque ganaron la mayoría absoluta del Parlament en los últimos comicios, tres de sus diputados están en prisión preventiva en Madrid y otros cinco se hallan en Bélgica.
El presidente de la Cámara regional pidió reunirse con Mariano Rajoy para buscar una solución a “la situación anómala que vive el Parlamento en el que ocho de sus diputados ven vulnerados sus derechos políticos”, expresó Torrent.
Él y los otros seis miembros del órgano rector del Parlamento, tres de ellos también separatistas, deberán decidir si aceptan una investidura no presencial aunque los servicios jurídicos de la Cámara lo consideren antirreglamentario.“
La posibilidad de afrentar esta investidura es una cuestión política”, remarcó Torrent, quien indicó también que quiere reunirse con Puigdemont y los otros siete diputados imputados.
El expresidente regional dispone en principio del apoyo de su formación Juntos por Cataluña (centroderecha) y el otro gran partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que suman un total de 66 diputados de 135.
El Gobierno español advirtió repetidamente de que recurrirá su investidura al Tribunal Constitucional para que invalide su votación y nombramiento.
“No es admisible que una persona que vive fuera de España pueda presidir la Generalitat (ejecutivo catalán), que sea investido sin acudir al Parlamento”, ha advertido Rajoy.
Si fuera así, el artículo 155 de la Constitución gracias al que el gobierno central controla la autonomía regional desde octubre se continuará aplicando, aseguró.Un bloqueo podría desembocar en nuevas elecciones.
