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Bogotá. La política colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada seis años por la guerrilla en la selva, lanzó este martes su aspiración presidencial 20 años después de haber sido tomada como rehén.
En una conferencia de prensa, Betancourt anunció de que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro. “Voy a trabajar desde este instante sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente”, afirmó en Bogotá la dirigente del partido Verde Oxígeno.
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De ganar la consulta, que se celebrará a la par de las elecciones legislativas el 13 de marzo, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo. Betancourt, de 60 años y quien tras su rescate en un operativo militar se radicó en el exterior, evocó su secuestro hace 20 años a manos de los rebeldes de las extintas FARC cuando estaba precisamente en campaña para la presidencia.
“Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo”, sostuvo la candidata. Betancourt se presentó como una alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, favorito en las encuestas.
“Por décadas hemos tenido sólo malas opciones: extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una opción de centro”, manifestó la aspirante. Al mismo tiempo se trazó como objetivos el combate a la inseguridad y a la contaminación ambiental. “Yo creo en un mundo con visión de mujer”, agregó.
Betancourt volvió a la vida pública tras apoyar el proceso de paz con los guerrilleros que la secuestraron en el 2002. La política fue llevada a lo profundo de la selva y allí estuvo como rehén hasta el 2008, cuando el ejército la rescató en una operación junto a otros secuestrados.
Una mujer en el centro político por la presidencia
El centro gana así una protagonista que modifica el tremendo desequilibrio de género, precisamente una de las mayores críticas que había recibido esta opción política.
”Poder actuar como mujer en Colombia es un inmenso reto y una inmensa oportunidad. Yo creo que las mujeres hemos ido abriendo un camino con mucha dificultad, pero hemos también aprendido a construir unos puentes que nos permiten que hoy en día muchos colombianos piensen en la mujer como una opción de liderazgo”, manifestó Betancourt.
Quien añadió también que la mujer tiene un rol imprescindible: “yo creo que hemos estado durante tantas décadas en el régimen de la violencia masculina, en un patriarcado que ha castrado a los hombres y disminuido a las mujeres. Donde los hombres han sentido que para tener una voz tiene que pegarle a sus esposas y la violencia familiar es simplemente el eco de la violencia política que hemos tenido en Colombia”.
La precandidata aseguró que dicha Coalición será un espacio para el liderazgo y la participación en política de las mujeres. Además, añadió que su agenda de trabajo se enfocará en temas como el hambre, la contaminación, la inseguridad, la innovación y, especialmente, la corrupción, tema que Betancourt considera el principal problema del país.
Millonaria indemnización
Íngrid Betancourt también se refirió a la indemnización de $36 millones que deberán pagarle a su hijo las extintas FARC, por el daño que le causó el secuestro de la candidata, según un reciente fallo de la justicia estadounidense.
“Nos hemos acostumbrado a pensar que pedir justicia es abusivo y es indecente (...) yo he venido hoy a exigir a que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre, de todas las familias” víctimas del conflicto, declaró.
Lawrence Delloye Betancourt interpuso una demanda en un tribunal estadounidense el 28 de junio del 2018 contra 14 miembros de alto rango de las FARC. La corte determinó que el hijo de Betancourt sufrió una “angustia emocional significativa”, a raíz del prolongado cautiverio de ella.
En el 2010 la candidata también reclamó una indemnización al Estado colombiano por no garantizar su seguridad, pero desistió ante la lluvia de críticas.
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“Me acusaron de haber sido ingrata, oportunista, codiciosa, por haber pedido que se me reconocieran los derechos que la ley colombiana había establecido para proteger a las víctimas del terrorismo. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos”, lamentó durante la rueda de prensa.
La aspirante presidencial es una de las víctimas que espera “verdad, justicia y reparación” en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el tribunal de paz conformado tras el pacto de 2016, que terminó con un conflicto de más de medio siglo con la guerrilla marxista.
Quienes confiesen sus crímenes y reparen a los afectados por la guerra podrán eludir la prisión, de lo contrario se exponen a condenas de hasta 20 años.
