Caracas. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó este martes procesar penalmente a siete diputados opositores por “la comisión flagrante” de delitos como traición a la patria y conspiración, anunció la corte, una semana después de que esos legisladores apoyaron una fallida rebelión militar.

En un comunicado, la corte dijo que ordenó remitir el fallo al fiscal general, Tarek William Saab, “para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente”.

También pone en conocimiento del asunto, para que “determine lo conducente”, a la Asamblea Constituyente (oficialista), que ya anticipó que levantará la inmunidad de los parlamentarios que respaldaron la sublevación del 30 de abril contra el presidente chavista Nicolás Maduro, liderada por el mandatario interino, Juan Guaidó.

De todas maneras, el comunicado no especifica exactamente los hechos que se les atribuyen a los legisladores.

Horas más tarde, la Constituyente despojó de su inmunidad a los siete parlamentarios venezolanos, anunció el órgano que rige el país con poderes absolutos.

“¿Qué viene? Juicio. Nosotros estamos haciendo lo correcto”, anunció Diosdado Cabello, presidente de ese órgano y número dos del chavismo, quien añadió que “tres diputados más fueron identificados” y serán sometidos al mismo procedimiento, aunque sin revelar sus nombres.

El Tribunal los identificó como Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Andrés Delgado Velázquez a quienes imputó los cargos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.

Varios diputados de la Asamblea Nacional, único órgano estatal de Venezuela en poder de la oposición, respaldaron a Guaidó, -presidente de ese poder-, quien consideró el alzamiento el inicio de la llamada “operación libertad” con la que busca sacar a Maduro del poder.

Como los presuntos delitos fueron cometidos de forma “flagrante”, los legisladores opositores carecen del beneficio de un antejuicio de mérito, un proceso político en el Tribunal Supremo, sino que su caso “corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal”, explicó la corte.

Uno de los 32 magistrados del máximo tribunal, Danilo Mojica, expresó en un breve mensaje en su cuenta de Twitter que votó contra la sentencia por “violentar” el proceso del antejuicio de mérito.

El Tribunal Supremo ya había autorizado la semana pasada el procesamiento del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, por parte de un juzgado ordinario, sin considerar su fuero, debido a varios delitos relacionados con la sublevación contra Maduro.

Al desestimar la decisión del Tribunal Supremo, Ramos Allup -expresidente del Congreso- dijo que con los procesos se quiere dejar al cuerpo legislativo sin directiva, pero sostuvo que pese a esas acciones la “Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo venezolano votó por ella”.

Asimismo, De Grazia declaró que con la sentencia se busca “ir callando todas las voces que puedan” y descartó que los opositores vayan atemorizarse o ceder. “Nadie puede claudicar ante esta situación”, agregó.

Reingreso al TIAR

La decisión judicial se conoció poco después de la Asamblea Nacional debatió el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Durante la sesión se aprobó un acuerdo de apoyo a la iniciativa para que Venezuela retorne próximamente al TIAR, del que salió hace seis años, y se ordenó a la Comisión de Política Exterior iniciar las evaluaciones e informes para concretar el reingreso.

Con el regreso de Venezuela a ese tratado, suscrito en plena Guerra Fría en 1947, se busca la “cooperación internacional para la ayuda humanitaria y defensa del pueblo venezolano” , indicó en su cuenta de Twitter el Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó, titular de la Asamblea.

Al defender la iniciativa, el diputado opositor Francisco Sucre dijo durante la sesión que con el retorno al TIAR se busca “aumentar las herramientas” para los venezolanos y las fuerzas armadas que “están con la democracia”, y seguir “aumentando la presión institucional” para lograr la salida de Nicolás Maduro del gobierno.

El académico y abogado especialista en resolución de conflictos, Andrés Mezgravis, dijo al medio internacional NTN24 que el TIAR es un convenio de cooperación militar que prevé el “uso de la fuerza y se activa cuando algún país del continente americano sufre algún tipo agresión o experimenta cualquier situación capaz de poner el peligro la seguridad y la paz del continente”.