Hong Kong. No solo manifestarse puede conllevar la cárcel en Hong Kong. Ha habido tal retroceso de las libertades en la excolonia británica que un simple tuit o un eslogan pueden acarrear un proceso judicial en este final del 2020.
China se comprometió, antes de recuperar Hong Kong en 1997, a preservar las libertades y la semiautonomía del territorio durante 50 años, en aplicación del principio "un país, dos sistemas" negociado con Londres.
Pero las autoridades chinas, escaldadas por el gigantesco movimiento de protesta contra su tutela en el 2019, han asumido el control férreo del territorio, dejando de lado el compromiso adquirido hace 23 años.
Pekín marca ahora la agenda de Hong Kong, donde algunas opiniones son susceptibles de una condena de por vida.
El cambio se produjo el 30 de junio, cuando China impuso en la turbulenta región una nueva ley de seguridad nacional, que ni siquiera sometió a la votación del Parlamento local, el Consejo Legislativo (LegCo).
Los partidarios de Pekín aseguran que se necesitaba esta ley para restablecer la calma en un territorio alborotado por más de seis meses de manifestaciones en el 2019.
"Nos guste o no, ha sido eficaz para devolver la paz y la estabilidad a Hong Kong", dice la diputada Regina Ip.
Mas, para los detractores del texto, es el último clavo en el féretro de la semiautonomía, una forma de enterrar definitivamente estas libertades que contribuyeron a la prosperidad de Hong Kong.
"Esta 'estabilidad es la que se vive cuando uno está en la tumba'", ironiza Philip Dykes, presidente saliente del Colegio de Abogados.
"La ley de seguridad nacional define las infracciones para lo que la gente dice y no lo que hace", sostiene.
Antes incluso de la introducción de la ley, la ciudad ya había cambiado mucho en seis meses.
Torniquete a las libertades
Las restricciones impuestas para frenar el coronavirus prohibieron las manifestaciones.
Los tribunales están desbordados por los contenciosos heredados de la movilización del 2019.
El LegCo, en el que solo la mitad de los miembros son elegidos por sufragio universal, está privado de voces disidentes desde que los diputados prodemocracia dimitieron en solidaridad con los colegas que fueron expulsados por sus opiniones.
Las autoridades locales también han prohibido a varias figuras de la oposición presentarse a las elecciones legislativas previstas en setiembre y, que con el pretexto del coronavirus, quedaron pospuestas un año.
Ley represiva
El instrumento más eficaz de esta represión habrá sido la ley de seguridad nacional, que sobre el papel, enmarca cuatro delitos: la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras.
Pero en los hechos, su formulación difusa permite perseguir opiniones como abogar por la independencia de Hong Kong, reclamar mayor autonomía o defender las sanciones internacionales.
La inmensa mayoría de los casos abiertos por la policía en aplicación de la ley se deben a delitos de opinión.
El magnate de la prensa Jimmy Lai, una de las figuras más prominentes del campo prodemocracia, es perseguido por sus tuits y entrevistas.
También detenido, el estudiante militante Tony Chung, de 19 años, se encuentra acusado de sedición en un caso relacionado por sus publicaciones en las redes sociales.
El mes pasado, varias personas fueron detenidas por gritar consignas prohibidas durante una pequeña congregación en una universidad.
También preocupa el fin de la soberanía hongkonesa en materia judicial, ya que la Justicia china es ahora competente en Hong Kong en algunos delitos y por primera vez sus agentes pueden operar legalmente.
Las autoridades han multiplicado la congelación de cuentas bancarias de sospechosos.
En respuesta, Estados Unidos ha revocado las disposiciones comerciales especiales que había suscrito con la ciudad e impuso sanciones a los responsables locales como la jefa del Ejecutivo Carrie Lam.
Injerencia notoria
Pero la celeridad de la represión china ha sorprendido incluso a los defensores de Pekín.
“Cada día que pasa, reconozco cada vez menos la ciudad en la que he nacido”, escribía a principios de diciembre en el diario South China Morning Post Michael Chugani, un cronista conocido por sus opiniones pro-Pekín.
La ciudad, aseguraba, es ahora vista como un lugar donde "se limita la libertad de expresión, se restringe el derecho a manifestar, donde se amordaza a la prensa, se aplasta a la oposición con arrestos, donde se congelan las cuentas bancarias".
Sin embargo, la rabia que manifestó la población en el 2019 no se ha aplacado, asegura el politólogo Derek Yuen. Pero “Pekín quiere limpiar Hong Kong lo antes posible”, afirma.
La prueba es que tras una serie de absoluciones, un alto responsable de China continental pidió una reforma judicial.
Con los meses, la jefa del Ejecutivo parece cada vez más combativa, pese a que a principios de año prometía “escuchar humildemente” tras meses de caos apostando por la carta de la conciliación. En noviembre aseguró que había “tomado confianza” y no lamentaba ninguna de sus decisiones.
“Soy de nuevo yo misma”, expresó.