EscucharWashington. Una candidatura de Donald Trump a las presidenciales de 2024 podría disuadir a la fiscalía de inculparlo judicialmente, pero no cerrará las múltiples investigaciones que pesan contra él.
La justicia investiga sobre su papel en el asalto al Capitolio, la gestión de los archivos de la Casa Blanca, sus casos financieros o las presiones ejercidas sobre agentes electorales.
El millonario republicano, que no está inculpado, se considera blanco de una persecución política.
Una candidatura presidencial de 2024 podría disuadir a la fiscalía de procesarlo. Si optara por inculparlo, su campaña quedaría empañada, pero no le impediría presentarse: la legislación estadounidense no prohíbe que una persona procesada, o incluso condenada, aspire a la presidencia.
Son varias las investigaciones civiles y penales contra el magnate republicano, pero en ninguna de ellas está acusado.
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Estos son sus principales problemas con la justicia:
Asalto al Capitolio
La comisión que investiga desde hace más de un año el papel del expresidente en el ataque de sus simpatizantes a la sede del Congreso el 6 de enero de 2021, cuando los congresistas certificaban la victoria de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales, votó el jueves por unanimidad convocarle a comparecer ante sus miembros, en su mayoría demócratas.
La comisión estimó que el exmagnate inmobiliario había “faltado a su deber como comandante en jefe” al tardar en intervenir varias horas.
También demostró que ejerció mucha presión sobre los funcionarios electorales después de las elecciones de 2020.
Los siete congresistas demócratas y dos republicanos presentarán un informe preliminar de aquí a finales de año, en el que podrían recomendar emprender acciones legales contra Trump, pero la última palabra la tendrá el ministro de Justicia, Merrick Garland.
La justicia federal también ha abierto una extensa investigación sobre este caso: más de 870 personas han sido detenidas y un centenar condenadas a penas de prisión.
Garland, conocido por ser metódico y cauteloso, no descarta nada. “Todos los que sean penalmente responsables de los esfuerzos para anular las elecciones tendrán que responder por sus actos”, dijo.
Los archivos
Al irse de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos pese a que una ley de 1978 obliga a los presidentes estadounidenses a transmitir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
En enero devolvió 15 cajas. Una vez examinadas, la policía federal estimó que probablemente tenía más en su lujosa residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Fueron a verlo en junio pero dedujeron que no les había entregado todos los documentos, de modo que el 8 de agosto unos agentes del FBI registraron la propiedad amparados por una orden por “retención de documentos clasificados” y “obstrucción a una investigación federal”, y se incautaron de otras 30 cajas.
Entonces se abrió una intensa batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?), lo que ralentizó el procedimiento pero sigue siendo posible una inculpación federal.
Casos financieros
La demócrata Letitia James, al frente de la fiscalía del estado de Nueva York, ha presentado una denuncia civil contra Trump, sus hijos y su grupo, la Trump Organization, tras haber investigado sus prácticas financieras durante tres años.
Les acusa de haber manipulado “deliberadamente” el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o para reducir impuestos.
Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como la prohibición de administrar empresas.
La fiscalía de Manhattan investiga el aspecto penal de este caso. Varios miembros del grupo han sido acusados y el juicio comenzó a finales de octubre. Sin embargo, no concierne directamente al expresidente.
Elecciones 2020 en Georgia
Una fiscal del estado de Georgia investiga desde 2021 “los intentos de influir en las operaciones electorales” de este estado sureño bastante conservador pero en el que se impuso Biden. Las investigaciones continúan en 2022.
En una llamada telefónica, cuya grabación se hizo pública, Trump pidió a Brad Raffensperger, un importante funcionario de Georgia, que “encontrara” unas 12.000 papeletas a su nombre, suficientes para revertir los resultados en este estado.
Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, que incluye a Atlanta, nombró un gran jurado para determinar si había suficientes pruebas para acusarlo por ello.
Consiguió bastantes testimonios de personalidades del círculo más cercano del magnate inmobiliario, en particular el de su exabogado personal Rudy Giuliani.
