Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al comandante del Ejército, Júlio César de Arruda, informaron fuentes de las Fuerzas Armadas a la AFP este sábado, casi dos semanas después de los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Arruda había asumido el cargo interinamente el 30 de diciembre, dos días antes del fin del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula la primera semana de enero. Ahora será reemplazado por el comandante militar del sudeste, Tomás Ribeiro Paiva, según GloboNews.
El general Ribeiro Paiva, de 62 años, inició su carrera militar en 1975. Participó en la misión del Ejército brasileño en Haití, y ya desempeñó funciones en Brasilia, donde comandó el Batallón de la Guardia Presidencial y trabajó como auxiliar en la Presidencia durante la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Ribeiro Paiva llamó la atención esta semana al pronunciar un discurso durante una ceremonia castrense en Sao Paulo, donde señaló que los militares “continuarán garantizando la democracia”.
“Es el régimen del pueblo, de alternancia de poder. Es el voto. Y cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas”, dijo el general.
Discrepancia
Júlio César de Arruda se había reunido el viernes con Lula en el palacio presidencial de Planalto, junto a los comandantes de las fuerzas armadas y el ministro de la Defensa.
Los comandantes no conversaron con los medios a la salida del primer encuentro de la cúpula militar con el mandatario después de la asonada del 8 de enero, cuando miles de simpatizantes del expresidente Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes de los poderes públicos.
Tras esa reunión, el ministro de Defensa, José Múcio, dijo no ver un “involucramiento directo” del sector castrense en la revuelta, y garantizó que los comandantes concuerdan en que deben ser castigados los efectivos cuya participación en los actos vandálicos sea comprobada.
Esta sería, de acuerdo con medios locales, la discrepancia entre Arruda y el Jefe del Estado.
Lula dijo la semana pasada estar convencido de que hubo complicidad interna en la asonada en Brasilia, por la cual más de 2.000 personas fueron detenidas.
El mandatario pasó de esta manera su mensaje de desconfianza y anunció que realizaría una “revisión profunda” de su entorno más cercano en el palacio presidencial para privilegiar funcionarios de carrera civiles en vez de militares.
Lula, que derrotó por estrecho margen al ultraderechista Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, desplazó esta semana de sus funciones a 53 efectivos militares que cumplían funciones en la residencia presidencial de la Alvorada y en el palacio de Planalto.
La relación con las Fuerzas Armadas es uno de sus mayores desafíos inmediatos que enfrenta Lula, según analistas que destacan la amplia presencia castrense en la gestión de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, como una señal de afinidad.
Fue justamente frente a los cuarteles donde eligieron reunirse miles de bolsonaristas para protestar el resultado de las elecciones.
Disconformes con la victoria del líder de izquierda de 77 años, los seguidores radicalizados de Bolsonaro pedían la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la inauguración del presidente electo.
Miles de estos simpatizantes en Brasilia se desplazaron el 8 de enero hacia la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la Plaza de los Tres Poderes que centra a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema, e invadieron y vandalizaron el corazón de la democracia brasileña.
Policía pide prisión para exministro de Justicia de Bolsonaro
Mientras tanto, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, solicitó la medida de prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia durante la toma de los edificios del Gobierno.
Rodrigues basa su petición en un informe de los servicios de inteligencia de la Policía Federal que apunta a un posible delito de omisión por parte de las autoridades locales, pese a las “informaciones que alertaban de los próximos hechos” desde hacía días.
La petición incluye prisión para Torres y también para el comandante de la Polícia de Militar del Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, por su actitud ante los “amplios niveles de violencia que causaron graves daños a los bienes e instituciones públicas”.
“Todo gracias a la omisión del sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal y en particular de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública del D.F. y del Mando de la Policía Militar del D.F., que no adoptaron las medidas necesarias para contener a los criminales”, señala el documento suscrito por Rodrigues.
Un día antes del asalto bolsonarista la Policía Federal había informado al Ministerio de Justicia y a las autoridades del D.F. de la intención de los manifestantes de entrar en las sedes oficiales, según el documento revelado por el O Globo.
El abogado defensor de Torres, Rodrigo Roca, criticó el “revanchismo” de las autoridades y aseguró que la omisión “ni siquiera es algo que se pueda considerar en este caso en concreto”.
El texto de la Policía Federal resalta que “los registros de las imágenes muestran a la Policía Militar del Distrito Federal escoltando a los manifestantes en dirección a la cúpula de los tres Poderes”. La última barrera que impedía el acceso a la plaza de los Tres Poderes estaba además formada por policías militares convencionales y no por antidisturbios civiles, por lo que fue “fácilmente” superada por los manifestantes.
El informe incluye además mensajes extraidos de grupos de apliacaciones de mensajería relacionados con la convocatoria. “Todo pagado: agua, café, almuerzo, comida, techo, baños. Estará todo en la acampada. Por favor, ayúdanos a conseguir patriotas”, rezaba uno de los mensajes.