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Caracas. El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, podría ser sometido a la justicia ordinaria tras una nueva movida del oficialismo que busca despojarlo de su inmunidad parlamentaria.
En momentos de caos por los apagones que paralizan el país desde inicios de marzo y que mantienen a millones sin servicio de agua, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió este lunes a la oficialista Asamblea Constituyente levantar la inmunidad a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora.
“Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (Diosdado Cabello), a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Guaidó, señaló la corte, acusada por la oposición de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El TSJ tomó la decisión al considerar que el diputado "quebrantó" una prohibición de salida del país que le fuera impuesta el pasado 29 de enero.
Ese día, el tribunal le abrió una investigación a Guaidó por “usurpar” las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero se juramentara como presidente encargado tras la decisión del Parlamento de declarar “usurpador” al gobernante socialista.
La oposición considera que el segundo mandato iniciado por Maduro el 10 de enero es ilegítimo por ser resultado de elecciones “fraudulentas”.
Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
En ese tiempo realizó una gira por varios países de la región, tras fracasar, el 23 de febrero, en su intento para ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos gestionadas por él.
El TSJ, de línea oficialista, ratificó la prohibición de salida de Venezuela, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Guaidó y el impedimento para enajenar y gravar bienes de su propiedad, indicó la sentencia.
La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, sindicado además por Maduro de planear un atentado en su contra en asociación con su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido el 21 de marzo.
El legislador rechaza esas acusaciones.
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Se suma, además, la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años. Una decisión que Guaidó desconoció al considerar que el contralor fue designado por la Constituyente, a la que tilda de ilegítima.
Estas decisiones se producen en momentos en que el jefe parlamentario planea una movilización nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores – aún la fecha no está establecida–, como parte de una estrategia que bautizó “operación libertad”.
Guaidó no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un "ensayo" el próximo sábado con nuevas manifestaciones. Como es costumbre, el chavismo también sacará a las calles a sus partidarios.
"Nosotros nos vamos a mover este 6 de abril también, una gran movilización en Caracas y en toda Venezuela", dijo el presidente de la Constituyente.
Maduro acusa a Guaidó de ser un "títere" de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo.
Mientras las tensiones políticas crecen, millones de venezolanos continúan sin servicio de agua por los apagones masivos, que forzaron a Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral.
"Tenemos niños pequeños y no tenemos con qué darles una gota de agua para tomar", exclamó María Rodríguez, en Caracas.
Sin agua potable
Ante la emergencia, Maduro anunció el domingo un plan de racionamiento eléctrico por 30 días, durante los cuales espera resolver las fallas que han desatado una serie de cortes desde el 7 de marzo en este país de 30 millones de habitantes.
El colapso de los servicios, incluidos comunicaciones y transporte, detonó protestas espontáneas el domingo, varias de ellas reprimidas por colectivos, grupos civiles afines al gobierno, algunos de los cuales, según la oposición, están armados.
Al menos dos personas resultaron heridas, según manifestantes.
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Maduro, que atribuye los apagones a sabotajes de Estados Unidos y la oposición, dio luz verde a los colectivos para contener las protestas que tilda de "guarimbas" (acciones violentas) para derrocarlo.
El gobierno también decidió mantener suspendidas las actividades escolares y redujo en dos horas la jornada laboral en los sectores público y privado.
"No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos Internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar", se quejó Joaquín Rodríguez.
La escena es la misma en muchos barrios de Caracas. Familias haciendo colas y cargando bidones y baldes para recoger agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas o de los camiones cisterna proporcionados por el gobierno o adquiridos por cuenta propia.
El gobierno reitera que atentados "terroristas" han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía eléctrica en Venezuela.
Sin embargo, la emergencia, que de manera intermitente afecta a 21 de los 23 estados, además de Caracas, parece estar lejos de solucionarse debido a la falta de inversión en infraestructuras y una corrupción endémica, advierten expertos.
“Esto se veía venir” producto de la corrupción, impericia y falta de mantenimiento al sistema eléctrico, señaló Miguel Lara, gerente de operaciones del sistema eléctrico venezolano hasta el 2004.
