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Bogotá. Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre el 2002 y el 2008, reveló este jueves el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.
El número casi que triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su explosivo informe.
El tribunal que surgió de los acuerdos para el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) encontró que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.
Aunque el alto castrense siempre ha negado que fuera una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los crímenes.
A partir de sus confesiones se pudo determinar que los militares orquestaron una suerte de body count, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.
Hasta el año pasado, la Fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y el 2014 e investigaba a 29 generales.
Para Jorge Cuervo, profesor de políticas en justicia y derechos humanos de la Universidad Externado, el informe de la JEP “va a acercar muchísimo más (...) a la realidad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano”.
La investigación expediente por expediente de la Fiscalía era “insuficiente para dar cuenta” del alcance de estos crímenes, agregó el experto, al valorar la decisión de la JEP de agrupar las denuncias en “macrocasos” como lo hizo también con los secuestros de la guerrilla.
Al respecto, la JEP determinó en enero que 21.000 personas fueron tomadas como rehenes e imputó a ocho comandantes de la extinta agrupación insurgente.
General niega directriz
El general Mario Montoya, comandante del Ejército en esa época, es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.
“Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9% del total de los hombres que operaron en el Ejército en el periodo mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, dijo su abogado Andrés Garzón en una entrevista con la AFP en el 2020.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento.
Quienes confiesen su responsabilidad e indemnicen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años.
El tribunal de paz, que entró en funcionamiento en el 2018, todavía no ha emitido su primera condena.
Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en el 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.
Hasta ahora “solamente pensábamos” que las ejecuciones “eran del 2006 para acá”, pero “se ve que en todos los territorios” hubo “muchos falsos positivos”, manifestó.
Agregó: “Nos da tristeza que el Ejército, que es el que nos tiene que cuidar (...), haya dejado tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes”.
El expresidente Uribe, quien rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un “atropello” en su intento por “desacreditar” a su gobierno.
En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a “violar la ley” cuando les exigía “eficiencia”.
Foco en Antioquia
Según la JEP, el mayor número de ejecuciones de civiles ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), donde Ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas.
El 25% de los 6.400 casos documentados se produjeron allí. “La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013”, precisó el tribunal.
Algunos de los restos de las víctimas fueron ubicados gracias a las declaraciones de miembros de la fuerza pública que, en su mayoría, “no habían sido investigados por la Justicia ordinaria”, según la JEP.
Además de Antioquia, las regiones de la costa Caribe, Norte de Santander (noreste), Huila (centro), Casanare (este) y Meta (sur) fueron priorizadas en la investigación.
Para la abogada de dos militares que confesaron en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo “complicidad” de autoridades para “ocultar” estos hechos.
Por “los muertos siempre se abría una investigación”, pero “o no hay resultados o (...) absuelven” a los responsables, comentó.
Veinte de los al menos 219 militares que están bajo la jurisdicción especial cuentan con seguridad ante las amenazas que han recibido por sus declaraciones.
