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Caracas. El chavismo en el poder está impulsando un robusto conjunto de medidas legales con la intención declarada de combatir lo que denomina “conspiraciones” de sus adversarios, proponiendo la cárcel para los “fascistas” y la cadena perpetua por “traición a la patria”. Sin embargo, expertos advierten que en realidad busca “neutralizar” cualquier forma de crítica.
El presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, propuso enmendar la Constitución para establecer la prisión de por vida para los “corruptos y traidores a la patria”, en un país donde la pena máxima es de 30 años.
Actualmente, dos proyectos de ley están siendo debatidos en el Parlamento, el cual está controlado por el chavismo, y generan preocupación entre abogados y activistas de derechos humanos. Uno de ellos es una ley contra el fascismo, término frecuentemente utilizado por Maduro para desacreditar a sus opositores, que contempla penas de cárcel de hasta 12 años. El otro es una legislación que busca regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales fueron blanco de ataques por parte del gobierno.
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“Son tres propuestas que tienen un efecto intimidatorio en un contexto electoral”, señala el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en declaraciones a esta agencia. “El gobierno está en una campaña de miedo para que el miedo sea el que prive a la hora de votar”.
A menos de tres meses de las elecciones, la oposición denuncia una campaña de hostigamiento que incluye el arresto de una decena de militantes y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, quien figura como favorita en las encuestas pero está inhabilitada para competir contra Maduro, así como de activistas de derechos humanos, como la experta en temas militares Rocío San Miguel.
El gobierno asegura desmantelar múltiples conspiraciones destinadas a derrocar e incluso asesinar al mandatario.
‘¡Que se pudran en la cárcel!’
Maduro propuso la cadena perpetua luego de que su exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y decenas de funcionarios fueran arrestados por un presunto desfalco de $17.000 millones en la estatal PDVSA. Esta propuesta implica una reforma constitucional que debe ser presentada ante el Parlamento y posteriormente ser aprobada en referendo.
“¡Que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!”, exclamó el presidente el 13 de abril.
El delito de traición a la patria suele ser imputado a opositores, al igual que los “delitos de odio” contemplados en una ley de 2017 que establece penas de hasta 20 años de prisión.
“Casi todos los presos políticos están acusados de este delito”, destaca el sociólogo Rafael Uzcátegui, de la ONG Laboratorio de Paz. “Es un contexto muy amplio”.
‘Abiertamente fascista’
La “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares” fue propuesta a solicitud de Maduro.
Aprobado en primera discusión en el Parlamento, el texto fue redactado “en atención a lo que han sido los últimos 25 años de Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tinte francamente y abiertamente fascista”, declaró su promotora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El proyecto, sujeto a posibles modificaciones en una segunda discusión parlamentaria antes de su sanción, contempla sanciones para la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”. También plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta $100.000 para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
Sin embargo, “prácticamente cualquier cosa es fascismo” para el gobierno, cuestiona Daniels. “Es un concepto vago”.
Por ejemplo, Rodríguez comparó un eslogan de campaña de Machado, “Hasta el final”, con la “Solución Final” de Hitler.
‘Restrictivo’
La ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONGs) está pendiente de segunda discusión desde enero de 2023. Su contenido fue modificado después de que su promotor, el influyente dirigente chavista Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de llevar a cabo maniobras de “desestabilización”.
Según el proyecto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar sus fuentes de financiamiento, las cuales suelen ser de origen extranjero. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva multas que pueden alcanzar los $10.000.
Aunque normativas similares existen en la región, como en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, una misión independiente de la ONU señaló que esta ley “está claramente orientada a limitar” el “derecho a la asociación”.
“Es un paquete absolutamente restrictivo”, sostuvo Oscar Murillo, director de la ONG Provea.
