EscucharSan José. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que el gobierno de Nicaragua mantiene ataques sistemáticos contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. Así lo indicó una actualización del informe del Consejo de Derechos Humanos, publicada en marzo y obtenida este martes por esta agencia’.
El documento señala que se documentan violaciones y abusos generalizados del derecho internacional de los derechos humanos cometidos contra los clérigos.
Entre enero y marzo de 2024, los expertos registraron al menos 63 nuevas cancelaciones de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro, entre ellas 23 de carácter religioso.
A inicios de julio, el gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la católica Radio María, entre otras ONG, y confiscó sus bienes, argumentando que no reportaron el origen de sus ingresos.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sostienen que la Iglesia apoyó las protestas contra el gobierno de 2018 que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Ambos consideraron dichas protestas un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
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Murillo calificó a los religiosos de “hijos del demonio” o “agentes del mal” que realizan “terrorismo espiritual”.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, el grupo de expertos de la ONU constató 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. No obstante, advirtió que la cifra total podría ser mayor.
Entre las víctimas se encuentran sacerdotes, pastores, miembros de iglesias evangélicas, seminaristas y laicos que realizaban trabajo periodístico o artístico en defensa de los derechos humanos en organizaciones religiosas, así como feligreses.
El informe califica como crímenes de lesa humanidad las detenciones y encarcelamientos, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, las expulsiones de nicaragüenses críticos y el despojo arbitrario de la nacionalidad.
A fines de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano.
Los expertos de Naciones Unidas puntualizaron que tanto Ortega como Murillo tienen responsabilidad penal individual al valerse del Estado para reprimir sistemáticamente a religiosos.
