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Ginebra. La prolongación del estado de emergencia en Turquía , instaurado tras el golpe de Estado fallido de julio del 2016, llevó a “graves” violaciones de los derechos de “cientos de miles de personas”, acusó este martes la ONU en un informe que Ankara consideró “sesgado”.
En un documento de 29 páginas que cubre todo el 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos subrayó que “las prórrogas regulares del estado de emergencia en Turquía condujeron a graves violaciones de los derechos humanos de cientos de miles de personas”.
Entre los casos de abusos que consigna el informe figuran torturas y otros maltratos, detenciones arbitrarias, privación arbitraria del derecho a trabajar y de la libertad de movimiento, según el informe que denuncia “el deterioro de la situación de los derechos humanos y la erosión del Estado de derecho en Turquía”.
El país euroasiático denunció de inmediato un informe “sesgado” e “inaceptable” al considerar que el texto contiene, según el Ministerio de Relaciones Exteriores turco, “informaciones deformadas, sesgadas y falsas”.
Las autoridades turcas instauraron el estado de emergencia pocos días después del intento de golpe de Estado del 15 de julio del 2016, que Ankara atribuyó al predicador Fethullah Gülen, instalado en Estados Unidos y que niega toda implicación.“
Casi 160.000 personas detenidas durante 18 meses de estado de emergencia; 152.000 funcionarios cesados, de los cuales muchos de manera totalmente arbitraria, profesores, jueces y abogados cesados o enjuiciados, periodista detenidos, medios cerrados y páginas internet bloqueadas”, declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, citado en un comunicado.
Recurso para reprimir
“Está claro que los estados de emergencia sucesivos declarados en Turquía fueron utilizados para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de gran cantidad de personas”, agregó.
La oficina del Alto Comisionado reconoció “los desafíos complejos a los que tuvo que hacer frente Turquía para responder al intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y a cierta cantidad de atentados terroristas”.
Pero el informe indicó, asimismo, que “la simple cantidad” y “frecuencia” de decretos de emergencia, así como “la ausencia de vínculos” entre esos decretos y la “amenaza nacional parecen señalar (...) un uso de los poderes de emergencia para ahogar toda forma de crítica o disidencia para con el gobierno”.
“Una de las conclusiones más alarmantes del informe”, señaló Zeid, es “la manera en que las autoridades turcas habrían detenido a un centenar de mujeres embarazadas o que recién habían dado a luz, con el motivo principal de que estaban ‘asociadas’ a sus maridos, sospechosos de estar en relación con organizaciones terroristas”.
Según el Alto Comisionado, algunas de esas mujeres “fueron detenidas con sus hijos y otras fueron separadas violentamente de ellos”. “Es simplemente escandaloso, cruel, y ello no tiene seguramente nada que ver con mejorar la seguridad en el país”, señaló.
El informe denunció también la detención de unos 300 periodistas así como el cierre de más de 100.000 páginas de Internet el año pasado.
Documentó también el recurso a la tortura y maltrato en detención, incluso las palizas, las agresiones sexuales, las descargas eléctricas y los simulacros de ahogamiento por la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.
La ONU dio cuenta además de alegaciones continuas de violación de los derechos humanos en el sureste de Turquía, región de mayoría kurda.
Hace un año publicó un informe que denunció las “alegaciones de destrucción masiva, asesinatos y numerosas otras violaciones graves a los derechos humanos entre julio de 2015 y diciembre del 2016 en el sureste de Turquía durante operaciones de seguridad”.
