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Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aplica medidas contra organizaciones y figuras de la oposición con las que, denuncian, busca cerrarles el camino hacia las elecciones del 7 de noviembre.
El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de 75 años, no ha oficializado su candidatura, aunque dentro y fuera del partido dan por hecho que se postulará a un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que además se elige el Congreso.
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“La estrategia de Ortega estriba en usar las leyes para limitar toda competencia, luego aumentará la represión, acompañada de prebendas clientelistas, y al final del proceso emplearse a fondo con todos los medios para lograr una victoria sin dificultad”, dijo Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, con sede en Washington.
Maniatar las ONG
La estrategia, según adversarios del mandatario, pasa actualmente por neutralizar las ONG, obligándolas a inscribirse como agentes extranjeros con base en una ley aprobada por la Asamblea Nacional y sometiéndolas a restricciones que causaron -la semana pasada- el cierre de dos de ellas.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, con más de 100 miembros, denunció estar amenazada de “muerte civil” por el excesivo control y castigo con que la ley faculta al Ministerio de Gobernación (Mingob).
El cierre de ONG tendrá “un impacto social enorme” sobre miles beneficiarios de programas de salud, educación, medioambiente, saneamiento y alimentación, principalmente en zonas donde no hay presencia del Estado, indicó el representante de una de las plataformas, que no reveló su nombre por temor a que les nieguen la certificación.
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Según cifras extraoficiales, en Nicaragua hay más de 7.000 ONG, de las que unas 2.000 podrían cerrar operaciones por la ley de agentes extranjeros, según los afectados.
La Asamblea, de mayoría oficialista, aprobó la ley que permite controlar los fondos del exterior que reciben personas naturales y jurídicas, y otra de ciberdelitos que sanciona a quienes critican al gobierno en redes sociales.
Represión legal
Asimismo, existe otra norma sanciona e inhibe de optar a cargos públicos a quienes inciten la injerencia extranjera o aplaudan sanciones al país.
Manuel Orozco, de origen nicaragüense, consideró que las medidas contra ONG y otras leyes “van en detrimento de los ciudadanos y las consecuencias afectarán al mismo gobierno de Ortega”.
Estados Unidos y la Unión Europea(UE), que desde hace dos años aplican sanciones a Nicaragua, reclaman elecciones libres y transparentes en el país centroamericano de 6,5 millones de habitantes.
La organización de Periodistas y Escritores PEN, capítulo de Nicaragua, fue la primera en anunciar el cierre de operaciones, tras "requisitos infinitos" para inscribirse como agente extranjero, seguida por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
“Es un golpe a periodistas” que recibían capacitación por internet y ayuda para compra de equipos, expresó Wílliam Aragón, directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), con más de 200 miembros.
En diciembre se retiró del país la ONG sueca We Effect, que impulsó durante 35 años proyectos contra la pobreza, mientras que el organismo de observación electoral Ética y Transparencia decidió resistir aceptando solo financiamiento local.
‘Una gran cárcel’
“Nicaragua es una gran cárcel. Sociedad civil y ciudadanos estamos con una espada sobre el cuello”, declaró el candidato a la presidencia por el bloque opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga.
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El político, de 44 años, tiene arresto domiciliario sin que medie delito ni orden de un juez. Un anillo policial con patrullas y motorizados vigila su vivienda en una zona residencial al oeste de Managua. “Me impiden salir, las veces que lo he intentado hubo confrontación”, contó.
Maradiaga recurre a las redes sociales donde tiene 800.000 seguidores porque, según prometió, “vamos a romper este cerco policial de alguna manera”.
Otros líderes de oposición en el interior del país, enfrentan situación similar, según denuncian en las redes.
El bloque opositor Coalición Nacional aglutina a grupos cívicos, de derechos humanos y políticos, y contabilizó en enero 340 incidentes de violación de derechos humanos como hostigamientos, detenciones, allanamiento de viviendas, agresiones y judicialización de opositores.
Para el presidente de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, Ortega repite la estrategia de comicios anteriores de “hacer ver que las elecciones libres (sean) muy improbables, casi imposibles”. Aunque se le ha acusado de fraude, “no ha tenido consecuencias graves, y por eso reincide”.
