Brasilia. La comisión del Congreso de Brasil concluyó su investigación sobre la asonada del 8 de enero en Brasilia, recomendando este martes acusar a Jair Bolsonaro de intentar un “golpe de Estado”. Tras cinco meses de audiencias públicas con civiles y militares, los legisladores responsabilizaron al expresidente ultraderechista (2019-2022) de cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, violencia política y asociación criminal.
En esa jornada, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, instando a los militares a derrocar al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ocho días después de su toma de posesión.
“Jair Messias Bolsonaro, desde su cargo de presidente, fue autor, intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones”, se destaca en el informe leído por la senadora Eliziane Gama.
El documento de más de 1.300 páginas señala que Bolsonaro “utilizó el aparato estatal para erosionar las instituciones brasileñas hasta su destrucción total, buscando mantener el poder de forma perenne y autoritaria”.
El informe será votado este miércoles, con su aprobación prácticamente asegurada por la mayoría de la base oficialista entre los 32 legisladores de la comisión. En tal caso, la Fiscalía General deberá decidir si imputa al exmandatario de 68 años.
En total, 61 personas, la mitad de ellas militares o policías, fueron acusadas por la comisión, incluyendo a los generales Walter Souza Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, exministros de Defensa; el almirante Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina; y Marco Antônio Freire Gomes, excomandante general del Ejército.
También fue señalado el exministro de Justicia Anderson Torres, responsable de la seguridad pública de Brasilia el 8 de enero.
La invasión, dos meses después de la estrecha victoria electoral de Lula sobre Bolsonaro, sacudió la democracia brasileña, desencadenando una amplia investigación policial y resultando en sentencias de hasta 17 años de prisión para algunos involucrados.
Según el informe, la asonada fue parte de una “tentativa premeditada de golpe de Estado”, buscando “desestabilizar el gobierno, incendiar el país, provocar el caos y, si fuera necesario, una guerra civil”.
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El ‘hacker’ y el edecán
El reporte de la comisión parlamentaria abre otro frente para Bolsonaro, quien ya está siendo investigado en el STF por presuntamente instigar la asonada. Además, enfrenta una condena de ocho años de inelegibilidad por desinformar sobre el sistema de votación y otro caso sobre supuesto abuso de poder durante la campaña de 2022 que se reanuda este martes ante el Tribunal Superior Electoral.
También, él y su esposa Michelle están siendo investigados por posible lavado de dinero, relacionado con un presunto desvío de joyas regaladas por Arabia Saudita.
Las audiencias públicas en la comisión parlamentaria fueron testigo de testimonios reveladores, incluyendo uno de un ‘hacker’, Walter Delgatti Neto, que afirmó haber tenido acceso a la sede del ministerio de Defensa por sugerencia de Bolsonaro para crear un código falso para cometer fraude electoral.
Otro testimonio provino de Mauro Cid, un exedecán de Bolsonaro, quien afirmó que el expresidente se reunió con la cúpula militar para discutir detalles de una intervención militar y mantenerse en el poder.