EscucharWashington. Más de 20 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, este martes inicia el esperado juicio en Washington en el que miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers, entre ellos su fundador, Stewart Rhodes, tendrán que responder por “sedición” (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad).
Conocido por su parche ocular y sus discursos incendiarios, este exmilitar comparecerá junto a otros cuatro acusados durante un juicio de cinco semanas en un tribunal federal a pocos kilómetros de la sede del Congreso.
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El 6 de enero de 2021, los cinco asaltaron el templo de la democracia estadounidense junto otros mil partidarios de Donald Trump, en momentos en que los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Desde esta asonada, más de 870 personas fueron arrestadas y un centenar ya recibieron penas de prisión, en especial los que atacaron de forma violenta a policías, pero hasta ahora nadie había tenido que enfrentar el cargo de “sedición”.
Esta acusación, que emana de una ley adoptada después de la guerra civil estadounidense para reprimir a los últimos rebeldes del sur, “puede ser difícil de probar”, explica Barbara McQuade, una exfiscal federal y actual profesora de derecho de la Universidad de Michigan.
Castigado con 20 años de prisión, este cargo implica haber planificado el uso de la fuerza para derrocar al gobierno o para oponerse a alguna de sus leyes. Se diferencia de la insurrección, que tiene un carácter más espontáneo.
“También hay una connotación de deslealtad hacia el país, no solamente contra ciertos actores gubernamentales”, destaca McQuade. Para ella, sin embargo, “el móvil es claro en este caso, en el que el ataque se dirigía claramente contra los legisladores del Congreso”.
Depósito de armas
El cargo de sedición ha sido muy poco utilizado: la última condena se emitió en 1998 contra militantes islamistas responsables del atentado con bomba contra el World Trade Center en Nueva York cinco años antes.
En el caso del asalto al Capitolio, los fiscales reservaron esta acusación a solo una quincena de personas, todos miembros de dos grupos paramilitares de extrema derecha, los Oath Keepers y los Proud Boys.
Stewart Rhodes y cuatro líderes regionales de su milicia -Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins y Kenneth Harrelson- son los primeros en ser juzgados tulo.
Su proceso iniciará con la selección de 12 jurados entre un grupo de 120 ciudadanos.
Según el acta de acusación, “conspiraron para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial”.
En concreto, Rhodes es acusado de haber comenzado a reunir a sus tropas en noviembre de 2020. “No vamos a salir de esto sin una guerra civil”, les escribió dos días después de las elecciones presidenciales en un mensaje encriptado.
En las semanas siguientes, según los fiscales, gastó miles de dólares en la compra de dispositivos de visión nocturna, armas y municiones, mientras sus cómplices organizaban entrenamientos en “combate no convencional” y transportes hasta Washington.
Dado que el porte de armas está estrictamente prohibido en la capital estadounidense, se les acusa de almacenar una parte de su arsenal en las afueras de la ciudad con la idea de utilizarlo más adelante.
Insurrección
El 6 de enero, provistos con cascos y equipo de combate, marcharon hacia el Capitolio. Algunos habían formado una columna para irrumpir en el edificio y habían dado media vuelta tras recibir gas irritante.
Rhodes se había mantenido un poco más apartado, armado con una radio, con el fin de dar órdenes. Los Oath Keepers “estaban listos para responder a su llamado a las armas”, según los documentos de la acusación.
Otrora diplomado en derecho por la Universidad de Yale, este cincuentenario fundó Oath Keepers en 2009, reclutando a exsoldados o policías, inicialmente para luchar contra el estado federal que consideraba “opresivo”.
Al igual que otros grupos radicales, esta milicia fue seducida por la retórica antiélites de Trump y apoyó plenamente las acusaciones de fraude electoral esgrimidas -contra toda evidencia- por el republicano.
Durante el juicio, sus abogados argumentarán que Rhodes y sus acólitos no querían derrocar al gobierno sino que esperaban que el mandatario republicano declarara el estado de insurrección, en virtud de una ley de 1807 que permite a los presidentes de Estados Unidos movilizar determinadas fuerzas armadas en casos excepcionales.
Para los fiscales, se trata solamente de darle “un barniz de legalidad” a sus acciones.
