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Madrid. En medio de un descontento creciente, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, sacó adelante este miércoles una nueva prórroga del estado de alarma contra la pandemia, tras pedir unidad a un Parlamento muy polarizado.
La Cámara Baja aprobó la solicitud de prórroga del Ejecutivo por una mayoría de 177 votos a favor, frente a 162 votos en contra y 11 abstenciones.
El estado de alarma, que expiraba este sábado, estará así vigente hasta el 6 de junio incluido.
"Son los españoles los que han parado al virus unidos (...) Nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento", argumentó Sánchez antes de la votación.
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Los últimos días se vieron marcados por protestas contra el gobierno en las calles de Madrid, Zaragoza, Sevilla o Córdoba.
A gritos de "gobierno dimisión" y golpeando cacerolas, los manifestantes acusan al ejecutivo de cercenar libertades y de incompetencia en la gestión de la crisis.
Las protestas recibieron el apoyo de la extrema derecha de Vox, tercera fuerza parlamentaria. Su líder, Santiago Abascal, avisó este miércoles de que "la revuelta" es "imparable".
"Pretende que elijamos entre ustedes o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles, más que con esta brutal reclusión", abundó Pablo Casado, el líder del conservador Partido Popular (PP).
Alegaciones rechazadas por el presidente Sánchez, quien durante el debate pidió "prudencia", porque "aún hay cientos de contagios diarios que debemos detectar, atender y aislar". Según él, la prórroga del estado de alarma es "el único camino posible para combatir con eficacia al virus".
Como medida novedosa se decretó que desde este jueves, toda persona a partir de 6 años de edad estará obligada a llevar mascarilla en la calle o en lugares públicos como las tiendas, cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de seguridad de dos metros.
Una prórroga menos ambiciosa de lo esperado
El estado de alarma rige en España desde mitad de marzo, y ha sido sucesivamente prorrogado cada 15 días.
El Ejecutivo alega que es la forma jurídica idónea para restringir la libertad de movimientos.
Esta restricción ha sido clave en la lucha contra el coronavirus, que se cobró hasta la fecha 27.888 muertos en uno de los países más castigados del mundo, y en los últimos cuatro días se ha situado bajo el umbral de los cien fallecidos diarios. Este miércoles, el gobierno dio cuenta de 95 muertos en las últimas 24 horas.
Inicialmente, el gabinete, minoritario en la Cámara, planeó prolongar por un mes el estado de alarma, y prometió que sería la última prórroga.
Sin embargo, no obtuvo apoyos suficientes, y tuvo que rebajar la propuesta de prórroga a 15 días, ajustándose a las demandas del partido de centro derecha liberal Ciudadanos, al que necesitaba para sacar adelante la votación.
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El apoyo de Ciudadanos, que tiene un marcado acento antiindependentista, supone un giro en la estrategia del gobierno y ha enfadado a los separatistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC), fundamentales en la investidura de Sánchez como presidente el pasado enero. Su vocero parlamentario, Gabriel Rufián, acusó por ello al socialista de preferir “a la derecha”.
A las movilizaciones de la derecha se añadirán próximamente las de la extrema izquierda, tal como anunciaron algunas plataformas este miércoles.
“No podemos regalarle la calle a la derecha y a la extrema derecha”, dijo frente al Congreso Lucía Nistal, de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), exigiendo entre otras medidas que haya test “masivos” para la población.
