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Santiago. El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este jueves proyectos legislativos contra saqueadores y manifestaciones violentas, en medio de medidas para incrementar el control del orden público a casi tres semanas del inicio de un estallido social que no da tregua.
Un día después de que enfrentamientos, saqueos e incendios se produjeran en el barrio de Providencia, alcanzado lugares más acomodados que hasta ahora habían permanecidos indemnes a las protestas, Piñera anunció nueve medidas ejecutivas para incrementar el control público, al tiempo que propuso darle urgencia a un proyecto de ley contra encapuchados que provoquen desordenes y presentar una ley antisaqueos al Congreso.
“Estamos convencidos que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante para mejorar nuestra capacidad de resguardad el orden público”, afirmó el mandatario en un mensaje en el palacio presidencial.
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Las protestas en Chile arrancaron el viernes 18 de octubre y se saldan hasta ahora con 20 muertos y destrozos, saqueos e incendios. La Policía informó que en estas casi tres semanas ha arrestado a unas 10.000 personas por desórdenes, en su mayoría liberadas al poco tiempo.
Entre las propuestas de Piñera destaca el envío al Congreso de una 'ley antisaqueos", que endurece las sanciones que este tipo de delitos, la discusión inmediata a una ley "antiencapuchados" que presentó en su primera administración (2010-2014) y otra iniciativa para endurecer las sanciones a quienes enciendan barricadas incendiarias en las vías públicas.
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Además, anunció la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos de desórdenes, de un estatuto especial para la protección de policías y la modernización del sistema nacional de inteligencia.
Adicionalmente, el mandatario informó que convocó para la tarde de este jueves a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que solo puede ser convocado por el presidente y está constituido por las principales autoridades del país. Hasta el 2005, tras una reforma a la Constitución, éste órgano –en el que antes las fuerzas armadas tenían mayoría– quedó relegado a tener funciones consultivas.
