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Efectivos de la Policía orteguista arrestaron a la activista y miembro de la Unidad Azul y Blanco, Támara Dávila, quien se encontraba en su vivienda con su hija de cuatro años.
La Policía emitió un comunicado en cual informó que Dávila estaba siendo capturada por estar bajo investigación de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
Según el comunicado de la Policía del régimen, Dávila es señalada por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Dávila se suma de esta forma a las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, los dirigentes opositores Violeta Granera y José Pallais, y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.
“La Policía Nacional realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá a la investigada a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales”, añade el comunicado.
La Ley 1055, denominada Ley de Soberanía, es una de las cuatro leyes represivas aprobadas por los diputados nicaragüenses a fines del 2020.
En todos los casos mencionados de opositores investigados por la Ley de Soberanía, el poder judicial, bajo control del régimen orteguista, ha establecido un primer término de 90 días de cárcel para todos estos, mientras continua el supuesto proceso de investigación.
Familiares de los opositores capturados, así como de los dos trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que han sido capturados por la Policía, denunciaron que no se les ha permitido verlos.
“Los familiares de José Pallais, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Marcos Fletes, denunciamos que desde el día de la detención de nuestros familiares ni nosotros, ni sus abogados hemos podido verlos. Y en el caso de Violeta Granera a partir del día de ayer que la sustrajeron de su casa aunque tenía arresto domiciliar. Hasta el momento no tenemos ninguna información oficial sobre el paradero de nuestros familiares por lo que seguimos dándolos como desaparecidos hasta que los muestren”, cita el comunicado de los familiares.
“Así mismo, los familiares de Walter Gómez, denunciamos que no hemos podido verlo desde su detención, sólo se le ha permitido una entrevista con su abogado. Denunciamos también que desde el día de ayer no aceptan sus alimentos, lo cual constituye un atropello a su derecho a alimentación y pone en riesgo su salud e integridad. Nos preocupa en especial la salud de todos ellos, en vista que varios tienen problemas médicos y requieren de muchos cuidados y medicamentos”, añade el comunicado.
