EscucharCiudad de Guatemala. A tan solo un mes de la toma de posesión en Guatemala, la fiscalía no da tregua en la arremetida contra el presidente electo Bernardo Arévalo, quien denuncia un golpe de Estado en marcha para evitar que asuma el poder. ¿Por qué esta ofensiva y hasta dónde puede llegar?
Desde que Arévalo avanzó a la segunda ronda en las elecciones de junio, la cual ganó de manera contundente en agosto, la fiscalía buscó cancelar su partido Semilla, solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al tribunal electoral y, en su avance más reciente, consideró “nulos” los comicios.
La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por considerarla “antidemocrática” y “corrupta”, asegura que el Ministerio Público (MP, fiscalía) está cumpliendo su deber de investigar.
Sin embargo, analistas estiman que detrás de estas acciones se encuentra la poderosa élite conservadora de Guatemala.
¿Cuál es el argumento de la fiscalía?
La fiscalía sostiene que los comicios deben anularse por irregularidades halladas en la investigación de las actas del conteo de votos, las cuales decomisó al allanar oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en setiembre.
El resultado de la investigación, publicado el viernes y entregado el lunes al TSE, indica que hay unos 2 millones de votos -de 5,5 millones emitidos- de los cuales “no existe certeza en virtud de todas las ilegalidades y falsedades” en actas de las que no se tienen “las originales”.
El TSE adelantó el viernes que los resultados electorales son “inalterables”, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la ONU condenaron lo que consideraron un intento de ruptura del orden constitucional.
Además, el MP alega que “el 32% de los afiliados” cuyos nombres se usaron en 2018 para crear el partido Semilla “son falsos” y que este no registró algunos fondos de financiamiento electoral, acusando a Arévalo de “posible” lavado de dinero.
El presidente electo negó esas acusaciones y calificó las acciones de la fiscalía como un “golpe al corazón de la democracia”.
“Estamos aquí para cumplir con nuestras obligaciones, le guste a quien le guste, lo acepte quien acepte (...) no solo por mandato de ley sino por mandato del de allá arriba (Dios)”, dijo recientemente la fiscal Porras.
¿Cuál es la motivación detrás de la ofensiva?
Guatemala, donde el 60% de sus 17,6 millones de habitantes vive en la pobreza, ocupa el puesto 30 en el rankin mundial de corrupción, según Transparencia Internacional.
Edie Cux, director de Acción Ciudadana, versión local de esa ONG, afirmó que los grupos del poder político y económico “ven como una amenaza” al hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), impulsor de reformas sociales.
“La fiscalía actúa como instrumento de estos grupos de poder tradicionales, que incluso tienen vínculos con el crimen organizado”, comentó Cux a esta agencia.
Carmen Aída Ibarra, del movimiento civil ProJusticia, aseguró que existe un “entramado de corrupción” en el que participan “congresistas, empresarios, alcaldes” y otros funcionarios, en sobornos, asignación de obras públicas “sin probidad” y contratos a sobreprecio.
Esos grupos temen también que termine la dinámica “de elección de magistrados, fiscales” y otros funcionarios por meros intereses políticos, opinó Miguel Ángel Sandoval, con formación en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Prometiendo una lucha anticorrupción, Arévalo y Semilla -creado por intelectuales y universitarios-, esperanzaron a un país con varios expresidentes condenados o señalados por corrupción.
El sociólogo de 65 años rompe el continuismo de décadas de partidos conservadores al que pertenece el presidente Alejandro Giammattei, quien respalda a Porras y durante cuya gestión se exiliaron fiscales y jueces que denunciaron actos de corrupción.
¿Hasta dónde llegará la fiscalía?
Para el constitucionalista Edgar Ortiz, “el camino al 14 de enero tendrá muchos obstáculos”. “La fiscalía tiene mucho poder y efecto intimidatorio. Estamos ante una medición de músculo político”, agregó.
Cux coincidió en que “los ataques continuarán, con una clara intención de desgaste e intimidación para que Arévalo gobierne con miedo”.
Hasta ahora, apuntó, la Fuerza Armada estuvo al margen, pero si la fiscalía tiene éxito “su balanza la inclinará Estados Unidos y las sanciones internacionales o las garantías que reciba de los grupos de poder”.
Sandoval cree que la fiscalía “no puede hacer más”: “El tope lo puso bien claro el TSE. Y la sociedad organizada no acepta nada más que Arévalo asuma”.
Pero Ortiz advierte que “los estándares de legalidad se han roto” en Guatemala.
Todo podría recalar en la Corte de Constitucionalidad (máxima instancia judicial), cuyas resoluciones, según analistas, no fueron contundentes para frenar a la fiscalía.
