EscucharMontevideo. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este sábado varios cambios en su gabinete, incluyendo un nuevo ministro del Interior y un nuevo canciller, después de la crisis política desatada por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Horas después de regresar de Estados Unidos, el mandatario informó en rueda de prensa de que aceptó las renuncias de tres personas que estaban en el ojo de la tormenta por este caso: el ministro y viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, y el asesor de comunicación de la Presidencia, Roberto Lafluf.
La cartera de Interior será encabezada por Nicolás Martinelli y Pablo Abdala, mientras que el actual ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, será el nuevo canciller, tras la dimisión de Francisco Bustillo. Paganini, a su vez, será reemplazado por Elisa Facio.
Bustillo renunció el miércoles después de que se filtraran audios de una conversación telefónica en noviembre del 2022 con la entonces vicecanciller Carolina Ache, en la que presuntamente intentaba ocultar a la Justicia un chat de WhatsApp en el que Maciel le advertía sobre la peligrosidad de Marset mientras se tramitaba su pasaporte.
Ache, que dimitió a su cargo en diciembre del 2022 por este asunto, dijo que Bustillo le sugirió “perder” el celular, al declarar el miércoles ante el fiscal que investiga presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte a Marset.
También mencionó que Lafluf le pidió a ella y a Maciel que “borraran” los chats en una reunión en noviembre del 2022 que tuvo lugar en el mismo piso donde está el despacho presidencial.
“Nadie se explica”
Lacalle Pou admitió este sábado que se reunió con Lafluf, Maciel y Ache, pero afirmó que solo estuvo “dos minutos” para saludar y no participó en la reunión. “Tengo la conciencia tranquila”, subrayó el presidente.
También aseguró tener “la íntima convicción” de que Heber, Maciel, Bustillo y Ache “no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte”. Además, señaló: “El pasaporte había que darlo, no había otra opción. Fuera narco o cualquier cosa, de acuerdo con la ley actual, los decretos actuales, había que darlo”.
Marset solicitó el pasaporte en octubre del 2021 y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por haber intentado salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso.
En ese momento, Marset no estaba siendo buscado por la Justicia, aunque hasta el 2018 estuvo preso por narcotráfico en Uruguay. Actualmente, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 de marzo del 2022 a pedido de Paraguay. En agosto, logró escaparse de la policía en Bolivia.
Lacalle Pou, que se encontraba en Washington para una reunión con líderes latinoamericanos convocada por el presidente estadounidense Joe Biden cuando se desencadenó el escándalo que llevó a la salida de Bustillo, se reunió posteriormente con los líderes de la coalición de gobierno (centroderecha) y del opositor Frente Amplio (izquierda).
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“Nadie se explica por qué en Uruguay se le dio un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso”, declaró a la salida del encuentro el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
“Hasta ahora nadie lo pudo explicar con razonabilidad. Colocan argumentos técnicos, un decreto del 2014, pero lo cierto es que ese pasaporte, desde nuestro punto de vista, no se otorgó de la manera adecuada y eso es lo primero que hay que explicar”, agregó.
Este no es el primer escándalo político que enfrenta Lacalle Pou desde que asumió el poder en marzo del 2020. Apenas cuatro meses después de asumir, renunció el canciller Ernesto Talvi tras desencuentros con el mandatario.
En agosto del 2021, dimitió el ministro de Turismo, Germán Cardoso, en medio de cuestionamientos por compras directas. En mayo pasado, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, renunció tras una polémica por la adjudicación de una vivienda a una militante de su partido.
Además, en febrero de este año, el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y otros delitos.
