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Roma. Fiscales italianos interrogaron este viernes al primer ministro, Giuseppe Conte, sobre la gestión gubernamental de la epidemia de coronavirus que causó más de 34.000 muertos en el país, en una investigación para evaluar las decisiones tomadas en febrero al inicio del brote.
Conte prestó declaración ante magistrados de la Fiscalía de la ciudad de Bérgamo (norte) durante tres horas en la sede del gobierno en Roma, el Palazzo Chigi.
La investigación abierta se centra en el retraso a la hora de declarar "zona roja" a los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, en la provincia de Bérgamo, al inicio de la propagación de la epidemia.
El equipo de magistrados, liderados por la fiscala María Cristina Rota, escuchó al primer ministro “como persona informada de los hechos”, sin atribuirle por ahora algún delito.
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La Fiscalía oyó también el testimonio en la misma sede de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y del ministro de Salud, Roberto Speranza.
Se trata de establecer técnicamente quiénes eran los responsables de declarar las "zonas rojas" durante el inicio en febrero de la epidemia, lo que enfrenta al gobierno central con las autoridades de la región Lombardía, donde está Bérgamo.
La disputa con la Liga
La disputa por la gestión de la epidemia entre el gobierno central, formado por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático (PD), y las autoridades de la región Lombardía, donde gobierna la derechista Liga, ha sido constante durante toda la crisis.
Conte, que reconoció el pasado miércoles que ha tomado todas las decisiones "con conciencia", ha asegurado en varias ocasiones que la región de Lombardía "contaba con todos los instrumentos" para actuar, como lo hicieron otras regiones.
Tanto la asociación de familiares de víctimas del coronavirus como algunos partidos y sindicatos, atribuyen el retraso a que antepusieron los intereses económicos a los de la salud, ya que se trata de una próspera zona industrial, con más de 400 fábricas y miles de trabajadores.
Italia fue el primer país europeo en ser golpeado con fuerza por el virus y el gobierno impuso el 21 de febrero la primera zona roja del Viejo Continente, alrededor de la ciudad de Codogno, después de que los médicos descubrieran al primer paciente positivo al virus.
Pocas horas después cerraron otras 10 ciudades, tras lo cual tuvieron que decretar el confinamiento de las regiones norteñas de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña el 8 de marzo y dos días después de todo el país.
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Una investigación compleja
La magistrada de Bérgamo escuchó ya los testimonios de varios políticos, entre ellos al gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y a su consejero para la Salud, Giulio Gallera, quienes fueron recibidos en esa ciudad con insultos y al grito de “asesinos”.
Según Gallera, era evidente desde el 23 de febrero que había muchos casos en Nembro y Alzano y sostiene que el gobierno no quiso actuar.
Por su parte, el comité científico que asesora al gobierno y al Instituto Nacional de Salud aconsejó a principios de marzo que esas ciudades fueran cerradas.
Según medios locales, Ejército y fuerzas del orden fueron desplegados por tres días en esas localidades para aplicar el cierre, pero se marcharon porque la orden nunca llegó.
La Justicia debe reconstruir esos días difíciles y complicados en los que el número de muertos aumentaba día a día, los hospitales estaban colapsados y el país se convertía en el foco de la epidemia en Europa.
