La Paz. Las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales se radicalizaban en Bolivia luego del inicio de una auditoría de los cuestionados resultados de los comicios del 20 de octubre por parte de una misión de la OEA.

Nuevas manifestaciones comenzaron el viernes en diversas ciudades contra la polémica reelección, mientras miles de personas se volcaban a los cementerios a preparar la festividad tradicional del Día de los Difuntos, que se celebra el sábado.

La Paz registraba cortes de vías en barrios acomodados de la zona sur, los más críticos de Morales, aunque con menos intensidad que en días previos, constató un periodista de la AFP.

La Policía antimotines custodiaba cruces vitales, mientras a cierta distancia de los piquetes opositores se congregaban grupos de leales a Morales dispuestos a rehabilitar por la fuerza la circulación vehicular, por lo que posibilidad de nuevos choques estaba latente.

La oposición, que denunció un fraude electoral a favor de Morales, se niega a avalar la supervisión iniciada el jueves por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que se trata de “una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder”.

Los opositores ya no demandan un nuevo recuento de votos ni un balotaje entre el mandatario y el opositor Carlos Mesa. Ahora exigen anular la votación y convocar a nuevas elecciones generales (presidenciales y legislativas) "sin Evo Morales", exigencia rechazada por el gobernante izquierdista indígena.

“Vamos a defender la democracia y los resultados” electorales, declaró este viernes Morales, en el poder desde el 2006, durante un acto en un poblado rural de Cochabamba, en el centro del país.

Morales dijo que los bolivianos deben esperar el informe de la auditoría de la OEA, que debe estar listo en dos semanas, una señal de que piensa que le será favorable para sellar un nuevo mandato hasta el 2025

Si bien en las protestas participan todos los grupos de la oposición, algunos movimientos ahora ni siquiera apoyan al expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005), segundo en la primera vuelta, quien inicialmente reclamaba un balotaje con Morales.

Multitudinarias asambleas populares se efectuaron el jueves en la noche en La Paz y la ciudad oriental de Santa Cruz, las que ratificaron el rechazo a la auditoría de la OEA y la exigencia de nuevos comicios.

El examen del proceso electoral fue un acuerdo entre el gobierno y el organismo hemisférico, y se le otorgó carácter “vinculante” a las conclusiones.

Presión en las calles

Esas asambleas o “cabildos”, con participación de miles de personas, acordaron seguir adelante con las protestas en las calles, una señal de radicalización del movimiento.

Pero el cabildo de La Paz fue más lejos todavía, al proclamar "¡Ni Mesa, ni Evo Morales!", un signo de independencia política y de que los activistas paceños quieren nuevas elecciones sin ninguno de los dos candidatos que acapararon los votos el 20 de octubre.

Cuando terminó, cientos de pacíficos pero bulliciosos asistentes que portaban banderas bolivianas se mezclaron con miles de familias que, con niños disfrazados, estaban celebrado Halloween en una avenida céntrica de la ciudad.

Simultáneamente, decenas de universitarios trataron de aproximarse a la casa de gobierno, situada en la plaza Murillo, lo que impidieron policías antimotines que arrojaron gases lacrimógenos.

En las ciudades de Santa Cruz, feudo de la oposición, y Potosí (suroeste) persistía este viernes una huelga que ha paralizado la actividad laboral y educacional.

En otras ciudades, incluida La Paz, las escuelas han estado prácticamente paralizadas durante toda la semana.

En Santa Cruz se realizaban este viernes los funerales de dos opositores muertos a balazos el miércoles mientras bloqueaban una calle en el poblado de Montero.

Desde que comenzaron las protestas, al día siguiente de los comicios, se han registrado unos 140 heridos y dos fallecidos, según la Defensoría del Pueblo.

España lamentó el jueves las “víctimas mortales y los heridos” en las protestas en Bolivia, y declaró que “respalda” la auditoría de la OEA.

Las protestas comenzaron el 21 de octubre con la quema de cinco oficinas regionales del Tribunal Supremo Electoral, al que los opositores acusan de manipular los resultados.