Rosario Murillo arremete contra organismos defensores de derechos humanos

A “los (países) que no somos sumisos nos ponen en la categoría que ellos quieren, porque los derechos humanos —y hoy dicen que es el día de los derechos humanos— se han convertido en agenda de estos organismos, se han convertido en arma de destrucción”, afirmó Murillo, vocera del gobierno y esposa del presidente Daniel Ortega, en su habitual alocución en medios oficiales.

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Según la primera dama, en el mundo “no hay ningún interés de respetar los derechos humanos”, y “usan el término (...) para decir: ‘aquí sí (se respetan) y aquí no’, al gusto del genocida imperialista”, señaló. Nicaragua, gobernada desde el 2007 por el presidente Ortega, reelecto en las elecciones de noviembre para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, ha sido fuertemente criticada por organizaciones humanitarias y países como Estados Unidos por violar los derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las protestas que estallaron contra el gobierno de Ortega en el 2018 murieron al menos 355 personas a causa de la represión, centenares fueron detenidas y unas 103.000 se exiliaron. La persecución contra los opositores aumentó en el 2021 antes de los comicios con la detención de 41 personas, entre ellas siete precandidatos a la presidencia acusados por la Fiscalía de conspiración y otros delitos.

Estados Unidos respondió a la nueva ola represiva y a la reelección de Ortega con nuevas sanciones contra funcionarios y allegados al gobierno nicaragüense (más de 40 sanciones desde el 2018). Este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA llamó nuevamente a Managua a liberar a los opositores, tras aprobar una declaración en la que ofrecen enviar una misión de buenos oficios para “restablecer” la democracia en el país.

“Aquí se respetan los derechos humanos garantizando que poco a poco y en concordia vayamos alcanzado la vida con bienestar”, alegó Murillo, cuyo gobierno decidió en noviembre retirarse de la OEA por interferir en sus asuntos internos, en un proceso que puede tardar como mínimo dos años.

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