EscucharSan Salvador. El magistrado salvadoreño Jorge Guzmán, que buscaba terminar con la impunidad de una masacre cometida por militares, anunció su renuncia este jueves, en rechazo a una polémica medida del Congreso afín al presidente Nayib Bukele, que cesa a un tercio de los jueces del país.
Este sábado entra en vigencia un decreto aprobado por el Parlamento oficialista y promulgado por Bukele, que obliga a renunciar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, una medida criticada por Washington.
La norma no afecta a los magistrados que ven casos de lesa humanidad. Guzmán, de 61 años, tiene a cargo la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida hace casi cuarenta años durante la Guerra Civil (1980-1992), y podía quedarse, sin embargo, optó por renunciar.
En una carta enviada a la Corte Suprema, Guzmán asegura que el decreto es “inconstitucional” y “violenta” los “principios constitucionales de independencia de poderes, independencia judicial, estabilidad laboral y protección de la familia”.
Para el magistrado, toda iniciativa legal relativa al Órgano Judicial debe salir desde la Corte Suprema y no desde el Parlamento, como ha ocurrido en esta ocasión.
En su nota, Guzmán, que busca hacer justicia a favor de casi 1.000 civiles masacrados en El Mozote, subraya que “si no se respeta la Constitución, no hay nada que respetar”.
El miércoles, la Corte Suprema, también liderada por magistrados que el Congreso oficialista nombró, dio un ultimátum a los jueces afectados que deben dejar el cargo este viernes o perderán su indemnización de 24 salarios.
El “valiente juez” Guzmán, como le denominan organismos humanitarios, aclaró que detendrá su renuncia si se declara la inaplicabilidad del decreto 144 en cuestión.
También evitaría su retiro la adopción de “medidas cautelares” que cesen el decreto, y que “podrían devenir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, o si se acata una resolución de un tribunal de apelaciones local, que dispone la suspensión de la norma.
El caso de El Mozote fue reabierto en el 2016 tras la anulación de una ley de amnistía. El año pasado, Guzmán pidió a la fiscalía que investigara si el presidente Bukele tuvo que ver con una orden que impidió una inspección judicial a los archivos militares.
El magistrado lamentó que sean las “víctimas” las que verán “como tantas veces, dilatado su peregrinar a la justicia”.
En el cargo desde junio del 2019, Bukele goza de un amplio apoyo y ha capitalizado el descontento popular respecto de los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas.
Sin embargo, sus medidas han sido criticadas por opositores y parte de la comunidad internacional, que lo acusan de tratar de concentrar el poder.
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