EscucharHan pasado solo dos meses y medio desde que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tumbó Roe vs. Wade, una histórica sentencia emitida por este mismo órgano en 1973 y que garantizaba el derecho al aborto en el país.
La Corte no prohibió la práctica ni la decretó ilegal. Lo que hizo, al remover la protección constitucional que existía, fue dejar en manos de cada estado el manejo de este polémico tema.
Desde entonces, y a una velocidad meteórica, casi la mitad de los estados del país han aprobado leyes que prohíben la práctica, salvo en contadas excepciones, o han autorizado duras penas contra aquellos que las infrinjan. En Texas, por ejemplo, darían hasta cadena perpetua a los doctores que la realicen.
De acuerdo con un análisis reciente de The Washington Post, en los días que van desde la sentencia de la Corte, 36% de las mujeres entre los 15 y 44 años han perdido el derecho al aborto porque viven en un estado donde se ya se prohibió, o está por prohibirse la práctica. Eso, según el diario, equivale a unos 20 millones de mujeres en edad de dar a luz.
Aunque muchas de estas nuevas restricciones se anticipaban, lo que tiene aterrados a expertos es la premura con la que se han decretado y la severidad de las sanciones.
“Si bien esperábamos algo así en caso de que la Corte tumbara Roe vs. Wade, teníamos la esperanza de que se darían períodos de gracia para ayudar en la transición tanto a pacientes como a los proveedores de este tipo de servicios. Pero esto no sucedió”, afirma Elizabeth Nash, del Instituto Guttmacher, que monitorea este tipo de legislaciones en Estados Unidos.
De hecho, muchos estados actuaron aun antes de conocerse la decisión de la Corte a través de las llamadas “leyes gatillo”, que estaban listas para entrar en vigor tan pronto el máximo tribunal llegara a su veredicto.
De entrada, ya hay 13 en los que el aborto es ilegal desde la concepción, salvo cuando la vida de la madre está en riesgo: Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Misuri, Dakota del Sur, Wisconsin, Luisiana, Misisipi, Alabama y Idaho. Algunos, como Luisiana y Alabama, otorgan excepciones adicionales en caso de anomalías del feto.
Idaho y Misisipi también lo permiten para embarazos producto de una violación sexual. El más reciente en añadirse a la lista fue Indiana, cuya ley antiaborto entró en vigor el pasado 15 de septiembre. Hay otros dos estados, Georgia y Ohio, donde el aborto está prohibido desde la sexta semana del embarazo, o antes de que se detecte el latido del corazón.
Según los expertos, esto equivale a un veto casi total, pues en ese lapso de tiempo una mujer ni siquiera sabe que está embarazada. O si lo sabe, cuenta con muy poco tiempo para poder practicarse un aborto.
Florida, el estado más “liberal” entre los prohibicionistas, lo permite solo hasta la semana 15. Es decir, hasta los tres meses y medio.
A estos se suman otros ocho estados donde el aborto ya fue vetado desde la concepción o a partir de la sexta semana, pero que fueron bloqueados temporalmente por demandas ante las cortes. Ese es el caso en Arizona, Utah, Wyoming, Dakota del Norte, Iowa, Míchigan, Virginia del Oeste, y Carolina del Sur.
Así, pues, ya son 24 estados entre los 50 que hay en EE. UU. donde se ha prohibido el aborto o restringido su práctica de manera severa.
Cierre masivo de clínicas
En el terreno, dice Nash, la situación es aún peor. “Aunque en estos 24 estados se permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro y otras excepciones, las mujeres ya no tienen dónde realizar el procedimiento porque todas las clínicas que lo practicaban están desapareciendo”.
De acuerdo con un estudio de este mismo instituto, desde que la Corte elimonó la protección constitucional, 70 clínicas han cerrado. De hecho, en los estados donde se declaró ilegal desde la concepción, todas ya dejaron de operar y solo permanecen unas cuantas en aquellas zonas donde el veto es a partir de la sexta semana.
Y estas, dice Nash, tienen sus días contados dada la falta de clientes. En el 2020, para ponerlo en contexto, las clínicas practicaron más de 80.000 abortos. Hoy son menos de 100 al mes.
“Las mujeres que viven en estos estados y quieren interrumpir sus embarazos han quedado con muy pocas opciones. O viajan a un lugar donde sí se permite, o se autopractican el aborto, o se ven forzadas a continuar con un embarazo que no desean”, sostiene Nash.
Los vetos al aborto están siendo complementados en esos estados con fuertes penalidades que van desde un año de cárcel hasta cadena perpetua (como en Texas), multas que alcanzan los $100.000 y suspensión de la licencia médica. Y no solo por practicar un aborto. También por facilitarlo o por prescribir pastillas que lo inducen.
En el caso de Texas, hasta se premia con $10.000 a cualquier persona que denuncie un aborto irregular. En Carolina del Sur se castiga con dos años de cárcel a las madres que intenten interrumpir el embarazo así sea con una pastilla. Es decir, no son solo los médicos y las clínicas los que enfrentan las penas, sino padres, amigos y las mismas mujeres.
Otros quieren ir mucho más allá. Como en Luisiana, donde avanza una ley que cataloga el aborto como un homicidio y extiende el concepto de vida a embriones fertilizados. En este estado, los homicidios se castigan con la pena de muerte o cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La amenaza es tal que aun donde se permite en casos excepcionales, los doctores ya no lo quieren practicar por temor a las consecuencias.
En busca de alternativas
Ante la situación, miles de mujeres están optando por viajar a estados donde sí es permitido. Algunos empleadores, como la administración del presidente Joe Biden, han prometido ayudar con los costos y facilitar el procedimiento para estas personas.
Pero eso ha desatado también otra intensa polémica, pues muchos estados republicanos han comenzado a demandar a los llamados “estados santuario” y prometen castigos contra las personas que crucen las líneas fronterizas en busca de un aborto.
De acuerdo con Abigail Aiken, de la Universidad de Texas, en Austin, viajar para realizarse este tipo de procedimientos ya era muy difícil aun antes de que cayera Roe, pues implicaba un alto costo económico que no muchas mujeres pueden pagar. “Ahora una mujer tiene que atravesar dos o tres estados antes de poder llegar a uno donde sí es permitido”, dice Aiken.
Eso porque las prohibiciones se concentran en el sureste del país, donde ahora existe toda una masa de estados que funcionan como una barrera antiaborto. Lo cual aumenta el riesgo para la salud de las mujeres, ya que muchas, por falta de recursos, van a recurrir a métodos no convencionales o clandestinos para llevar a cabo un aborto.
Eso ya se está viendo hasta en la frontera con México. En Tijuana, a pocos pasos de San Diego (California), hay una explosión de “turismo abortivo”.
De acuerdo con Luisa García, de la clínica Profem Tijuana, en estos últimos meses se ha duplicado la cantidad de personas que llegan de Estados Unidos para someterse al procedimiento.
La decisión de la Corte, además de los efectos obvios en la vida de millones de mujeres en el país, también está teniendo ramificaciones políticas de gran consecuencia. Para los republicanos, el fin de Roe vs. Wade era una meta en la que venían trabajando desde hace décadas. Pero, al parecer, no calcularon el enorme rechazo que también provocaría el fallo, y no solo entre demócratas y estados más liberales.
Hace un mes fue derrotado en el estado de Kentucky –uno de los más conservadores– un referendo con el que se buscaba incluir la prohibición del aborto en la constitución estatal. Más del 60 por ciento de la población votó en contra.
De hecho, el tema está provocando la movilización de mujeres y hombres en todos los rincones del país y muchos atribuyen las recientes derrotas electorales que han sufrido los republicanos a su oposición radical contra el aborto.
Y aunque hay otros factores que pesan, los demócratas, que estaban de capa caída y se veían como claros perdedores en los comicios legislativos de noviembre próximo, han resucitado en parte gracias a este tema. Si eso se materializa en las urnas, dicen los expertos, muchos estados podrían optar por moderar su posición.
“Los conservadores, incluso en estados como Kentucky, parecen no estar en la misma página que la mayoría de estadounidenses. Y quizá solo un castigo en las urnas los haga reconsiderar. Pero la actual trayectoria no va a cambiar de momento. La decisión de la Corte, en la práctica, lo que hizo fue dividir al país en dos facciones, exacerbando aún más la polarización que ya existía. Esa es la nueva realidad. La de un país donde los derechos de las personas varían de manera significativa dependiendo de donde se viva”, concluye Nash.
