EscucharCiudad de Panamá.La Corte Suprema de Panamá rechazó el último recurso que le quedaba al expresidente Ricardo Martinelli para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, según un fallo divulgado este viernes.
Martinelli, de 71 años y quien gobernó entre 2009 y 2014 aspira a regresar al poder. Pero la decisión le impediría postularse en las elecciones de mayo.
"La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia [...] resuelve: primero: NO ADMITIR, el Recurso de Casación en el fondo, formalizado por el Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, como apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal", dice el fallo sobre el exmandatario derechista.
Martinelli fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de $19 millones por blanqueo de capitales.
Este fallo de primera instancia fue ratificado en octubre por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual el abogado Carrillo presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.
Desde entonces la defensa del expresidente y dueño de una cadena de supermercados presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos fueron rechazados.
Martinelli, muy activo en las redes sociales, no ha reaccionado aún a la publicación del fallo.
A pesar de sus líos judiciales, Martinelli era hasta ahora uno de los candidatos favoritos para los comicios de mayo, según encuestas. Otros postulantes son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.
El expresidente es líder del partido Realizando Metas (RM, las iniciales de su nombre), cuyo candidato a vicepresidente es su exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
“New Business”
Martinelli fue juzgado por comprar en 2010, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.
Para esa adquisición se utilizó una parte de los $43,9 millones que distintas empresas depositaron, en un complejo esquema de sociedades provenientes del pago de sobornos, hasta un 10% del monto de los contratos originales en obras públicas, según la justicia.
Por este caso, conocido como "New Business" por nombre de una de las sociedades utilizadas en la trama, el exmandatario fue juzgado del 23 de mayo al 2 de junio de 2023 y el fallo fue dictado en julio.
Además, el expresidente enfrentará otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
En 2021, fue absuelto en otro juicio, que hubo que repetir, por presunto espionaje a opositores durante su gobierno.
Pese a todos los procesos, Martinelli se presentó como candidato para las elecciones de 2024, de las que quedaría marginado tras el fallo divulgado este viernes.
“Como se trata de la última instancia, esta decisión sería la definitiva y, por tanto, Martinelli quedaría inhabilitado para competir en las elecciones del 5 de mayo”, dijo el diario panameño La Prensa en su sitio web.
El artículo 180 de la Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión (60 meses) o más.
La decisión final sobre la candidatura debe ser anunciada por el Tribunal Electoral panameño.
Hijos condenados en EE. UU.
Dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, cumplieron dos años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a Odebrecht. Ambos se declararon culpables en el juicio para obtener una sentencia reducida.
Estos volvieron el 25 de enero de 2023 a Panamá, donde en agosto pasado fueron juramentados de manera virtual como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, a pesar de tener juicios pendientes en su país, en lo que parece haber sido una maniobra para obtener inmunidad.
Además, Washington prohibió en enero de 2023 la entrada a ese país del exgobernante panameño y su familia directa por actos de "corrupción significativa".
