![](https://www.nacion.com/resizer/v2/Q7VATS4GPZBHNDAL6OSZMHBM2E.jpg?smart=true&auth=dfec3d515b86fd55548cd5bf7e47af4d7f0f0088596656f9e05e0b59e1e905b8&width=320&height=234)
El magistrado Roberto Rivas Reyes dejó su puesto como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua debido a una reforma al sistema de elecciones del país, impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega.
En un comunicado difundido por la OEA, se dio a conocer que Rivas presentó su renuncia a la institución, la cual preside desde el 2000.
"El gobierno de Nicaragua, reiterando su voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad, confirma la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. Roberto Rivas, y está pendiente de las decisiones que conforme la ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional", señala el texto.
Aquí comunicado conjunto de la Secretaría General de #OEA y #Nicaragua sobre reforma electoralhttps://t.co/btmfsnqItI pic.twitter.com/tZTVTQRTF2
— OEA (@OEA_oficial) May 31, 2018
En diciembre del año pasado, el gobierno norteamericano congeló los bienes de Rivas en Estados Unidos y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él.
Por su parte, la Fiscalía General costarricense abrió una causa judicial contra el magistrado en enero pasado por un aparente delito de legitimación de capitales.
LEA MÁS: Fiscalía indaga por legitimación de capitales a magistrado nica con bienes en Costa Rica
“Se abrió de oficio la causa 18-000038-058-PE luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”, precisó en ese momento el Ministerio Público.
En suelo costarricense, Rivas es presidente de la empresa Chibilu del Oeste S. A. que es dueña de “un terreno con una casa de una planta en construcción” en el condominio de lujo Villa Real, en Santa Ana.
Según el Registro Público, la propiedad mide 1.514 metros cuadrados y tiene un valor fiscal de ¢111 millones (unos $193.000).