Rusia emite orden de captura contra juez costarricense de la Corte Penal Internacional

“Buscado en relación con una investigación penal”, es lo único que dice el Ministerio del Interior en su base de datos de personas buscadas sobre el juez costarricense.

En marzo, la CPI emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por la presunta “deportación ilegal” de miles de niños ucranianos de zonas del país bajo control ruso.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores. Estas acusaciones son rechazadas por Rusia.

Aunque Rusia no es miembro de la CPI, esa amenaza de detención obstaculiza los viajes internacionales de Putin.

En agosto, por ejemplo, no asistió a la cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica, y en setiembre no asistió a la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en India.

“Era de esperar (la persecución) por la orden de captura girada en contra de Putin (...) No trabaja para el Gobierno (de Costa Rica) sino para la CPI. Serán los Países Bajos, donde reside, que le garanticen su seguridad. Tendrá que escoger bien a qué países viaja”, dijo el canciller costarricense André Tinoco al medio digital AmeliaRueda.com.

Con anterioridad, Rusia declaró en busca y captura al presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, a la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, al fiscal jefe, Karim Ahmad Khan, a otros tres jueces de la instancia judicial internacional: Bertram Schmitt, Tomoko Akane y Rosario Salvatore Aitala.

Ugalde Godínez, de 52 años, fue designado en ese cargo el 21 de diciembre del 2021, en Nueva York. Compitió con otros 18 aspirantes y obtuvo el respaldo de 87 votos de 123 posibles.

Es graduado de la Universidad de Oxford, ejerció el derecho internacional por veinte años y también fue embajador de Costa Rica en Países Bajos, en donde formó parte de la defensa costarricense en el caso contra Nicaragua por la invasión a isla Calero. Además, fue profesor de Derecho Internacional de la Universidad para la Paz, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Vivió en San Carlos. Su papá era maestro y en 1978 tuvo que abandonar la comodidad de la capital para ir a enseñar en una escuela rural, de apenas dos docentes, en San Isidro de Venado, pueblo cercano a la frontera con Nicaragua. No había agua potable, ni electricidad, ni caminos, ni centros de salud. Las escuelas eran pequeños ranchos, vitales para las comunidades. Ahí, Ugalde cursó su primer año de primaria. Posteriormente, la familia se mudó a Florencia de San Carlos, donde culminó la primaria y la secundaria. Lo conocí cuando él iniciaba la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica. No solo era un destacado estudiante, sino que tenía una gran sensibilidad por los asuntos del país”, relató en este diario Guillermo Alvarado Herrera, en una publicación en marzo del 2021.

La Corte Penal Internacional es la única en su tipo. Se trata de tribunal de último recurso, que permite la justicia para los crímenes internacionales graves cuando los tribunales de los países donde se comenten los delitos no actúan.

Este órgano de justicia internacional tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y posee 123 estados miembros.

La CPI únicamente interviene cuando los Estados no están dispuestos o no puedan realmente llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos nacionales.

Su función es investigar, y procesar individuos acusados de cometer severos crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

La primera costarricense que fue jueza en ese órgano es Elizabeth Odio Benito, entre los años 2003 y 2012.