Sectores de Nicaragua crean unidad opositora contra el gobierno de Daniel Ortega

Managua. Organizaciones de empresarios, estudiantes, campesinos, mujeres, ambientalistas y activistas por los derechos humanos de Nicaragua crearon este jueves un frente nacional contra el gobierno de Daniel Ortega, tras cinco meses de protestas que dejan más de 320 muertos..

La alianza, denominada Unidad Nacional Azul y Blanco, está integrada por 40 organizaciones que emitieron una proclama con 10 demandas "urgentes" para superar la crisis política que vive el país desde el 18 de abril.

El acto de lanzamiento de la agrupación inició con un minuto de silencio por las víctimas de la represión y consignas a coro de "unidad", "justicia", "libertad".

“Esta no es una unidad electoral, sino por la justicia y la democracia y tiene como primer objetivo salir de la dictadura”, dijo Azhalia Solís, miembro de la Alianza Cívica, una de las organizaciones integrantes de la formación.

El nuevo movimiento exigió la reanudación del diálogo nacional entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica con la mediación de los obispos católicos y garantes internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

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Otras demandas fueron el "cese inmediato de la represión", libertad para prisioneros políticos y el fin de la criminalización de las protestas, así como la anulación de juicios a manifestantes detenidos.

La proclama también pide el desarme de grupos paramilitares, la destrucción de las armas decomisadas, la reversión del despido de médicos y profesores, y la recuperación de la autonomía universitaria.

El lanzamiento de la agrupación estuvo encabezado por dos personajes símbolo de las manifestaciones: Miriam Matus (doña Coquito), de 78 años, quien regaló bolsas de su venta de agua helada a estudiantes que participaban en las protestas, y el maratonista Alex Vanegas, de 62 años, quien dice que "corre para correr a Ortega".

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La nueva formación convocó a una marcha el domingo, en desafío a una disposición de la Policía que advierte que serán detenidos los responsables de daños, amenazas o muertes que ocurran durante las movilizaciones.

Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social, pero tras la represión, derivaron en una demanda de salida de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.