La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) les propuso a los diputados una nueva metodología para fijar el límite a las tasas de interés, a partir del cual un préstamo sería considerado usura.

Este martes, la Sugef le envió a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde se discute un proyecto para imponer un techo a las tasas, una propuesta de cálculo que sugiere fijar la usura por encima del 45%.

En el nuevo planteamiento, la Superintendencia también recomendó excluir de esa tasa a la industria del microcrédito, es decir, los préstamos menores a $500 (¢284.500).

Para ese sector, la entidad aconsejó una tasa máxima del 61%, pues se trata de préstamos que, por las características de los posibles deudores, resultan más riesgosos para las entidades financieras.

La fórmula enviada este martes obedeció a una solicitud del diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC).

En una primera metodología enviada a los diputados, en el 2019, la Sugef propuso que la tasa máxima general rondara el 43%.

El texto actual de los diputados establece que las tasas de interés no podrían superar 2,2 veces la tasa de interés activa del sistema finaciero nacional, lo que equivalía a un 30,2% para préstamos en colones y un 15,4% para los financiamientos en dólares.

Días atrás, los diputados Welmer Ramos y David Gourzong le pidieron a la Sugef un cambio en la primera metodología, con la intención de bajar las tasas máximas. El superintendente Bernardo Alfaro respondió que él no podía “alterar las cifras”.

Legisladores, indignados

Este martes, estaba prevista una comperencia de Bernardo Alfaro ante la Comisión de Hacendarios.

Sin embargo, la audiencia fue cancelada por acuerdo de los legisladores, quienes consideraron que habría sido infructuoso celebrar la audiencia sin tiempo para revisar detenidamente el nuevo documento de la Sugef.

Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que le parecía “un comportamiento extraño” y una “falta de transparencia con la comisión” el hecho de que la Superintendencia enviara la nueva propuesta tan a destiempo.

“Ese documento que se nos remitió hoy no fue anunciado en los espacios de diálogo previos, ni fue un insumo que se nos planteara de previo. Me parece poco elegante que, a poco tiempo de la audiencia, se nos dé ese insumo como un elemento nuevo y que no haya sido mencionado en los esfuerzos de diálogo que tuvimos antes”, comentó la legisladora a La Nación.

Según Guido, fue “evidente” el objetivo de la Sugef de que los diputados tuvieran “pocos minutos para ver el documento”.

Su compañero de fracción y uno de los proponentes del proyecto de ley, Wélmer Ramos, también se mostró molesto.

“En la primera comparecencia, don Bernardo dijo que las tasas (de usura) deberían estar por el 30%, y que en casos de estrés, en el 40%. Luego se ha ido acomodando. ¿En cuál cita creerle? Si a esto le damos alargue, seguro vamos a llegar a una tasa del 100%”, aseveró Ramos.

Con ellos coincidió la mayoría de los miembros de la Comisión, como los liberacionistas David Gourzong, Wágner Jiménez y Gustavo Viales, la socialcristiana María Vita Monge y el frentamplista José María Villalta.

‘Quitaré las mociones cuando lleguemos a un acuerdo’

Varios de los diputados confrontaron a Otto Roberto Vargas, del PRSC, y a María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En opinión de Vargas, la versión actual del proyecto de ley provocaría que los trabajadores informales queden excluidos del acceso al crédito, debido a que el sector financiero formal ya no estaría en disposición de prestarles dinero, pues hoy les cobra tasas de interés altas para poder asumir el riesgo de perder el dinero prestado.

“En un tema tan delicado, no podemos dejar a miles de personas fuera de ser sujetas de crédito. Tenemos que ser responsables. No le veo objeción a hacer la consulta a la gente que sabe. Entre más insumos se tengan, se puede tomar la decisión más acertada”, reiteró el diputado del PRSC.

A Solís le reprocharon que haya interpuesto una serie de mociones que “han dilatado” el proyecto.

Una de las detractoras de Solís fue su compañera de fracción, María Vita Monge, quien dijo que, como socialcristiana, no acepta “que alguien venga nada más que a dilatar un proyecto que realmente urge de ser aprobado en comisión”.

La jefa de fracción del PUSC respondió: “Lo he dicho desde el día uno (de la comisión): yo estoy dispuesta a quitar todas mis mociones en el momento en que tengamos un acuerdo y en el momento en que haya una moción de consenso. Esa moción no existe. Por eso seguimos aquí discutiendo”.

Pese a que ella no forma parte de la Comisión de Hacendarios, asiste a ese foro cuando tiene la oportunidad de sustituir a alguno de los miembros. Este martes, acudió en lugar de Rodolfo Peña, también del PUSC.

A Otto Roberto Vargas, quien exhortó a la Comisión a acatar las recomendaciones “de la gente que sabe”, le reclamaron que no necesariamente los diputados deben apegarse a los criterios técnicos recomendados por las distintas entidades.

“Si bien la comisión debe basarse en criterios técnicos, no es que van a decir que la Asamblea tiene que hacer lo que digan el Banco Central y la Sugef, donde también hay intereses", dijo Villalta.

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