Bogotá. El Tribunal de Paz de Colombia imputó este miércoles al general retirado y exjefe del ejército, Mario Montoya, por delitos de lesa humanidad relacionados con el asesinato y la desaparición de 130 civiles que fueron falsamente presentados como guerrilleros.
Montoya, de 74 años, habría presionado a los hombres bajo su mando “para obtener bajas en combate” a toda costa entre 2002 y 2003, según relató en una rueda de prensa Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de investigar los peores crímenes del conflicto colombiano.
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La jueza señaló que el exmilitar es sospechoso de “mentir sobre el número de bajas” durante su tiempo como jefe de la Brigada IV del ejército, que opera en el departamento de Antioquia, al noroeste del país.
También lo acusó de “encubrir casos de uso excesivo de la fuerza” y de “emplear un lenguaje violento” que “fomentaba la violencia”.
El tribunal, que surgió del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), imputó a Montoya crímenes de guerra y lesa humanidad.
Según los cálculos de la JEP, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6.402 personas fueron asesinadas bajo esta práctica conocida como los “falsos positivos”.
Montoya fue comandante del ejército desde 2006 y uno de los uniformados más cercanos al entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010). En 2008 renunció acosado por el escándalo de las ejecuciones que, según él, se llevaron a cabo a sus espaldas.
Para la JEP, la orden de presentar bajas se convirtió en una “orden recurrente” por parte de Montoya, quien ya había sido imputado en 2021 por la fiscalía por 104 homicidios entre 2007 y 2008 bajo el mismo modus operandi.
“La presión por obtener resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y evitar ser trasladados o retirados del ejército”, añadió la magistrada Díaz.
En uno de los casos documentados por el tribunal, Montoya habría presentado ante la prensa como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a dos niñas y tres jóvenes que murieron en una emboscada del ejército.
De acuerdo con la JEP, Montoya se empeñó en calificarlos de rebeldes, “a sabiendas” de que no lo eran.
Montoya y otros ocho militares imputados este miércoles tendrán 30 días para reconocer o negar los hechos. Posteriormente, la JEP abrirá un espacio para que admitan la verdad públicamente ante los familiares de las víctimas, antes de emitir una sentencia.
Esta jurisdicción, que también imputó a la cúpula de las FARC por cientos de secuestros, aún no dictamina su primera condena desde su creación en 2017.