EscucharWashington. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) aumentaron la presión este lunes sobre Nicaragua con sanciones económicas y prohibiciones de viaje en el día en el que Daniel Ortega comienza su cuarto mandato como presidente.
Dos hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que trabajan como asesores presidenciales —Camila Ortega Murillo y Laureano Ortega Murillo— figuran entre las seis personas sancionadas por la UE por “graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y por socavar la democracia y el estado de derecho”.
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En Washington, el Tesoro estadounidense anunció sanciones contra seis altos cargos nicaragüenses, entre ellos la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, en respuesta a la “farsa” de las elecciones de noviembre en las que Ortega resultó reelegido.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a 116 personas vinculadas al gobierno nicaragüense, entre los que figuran alcaldes, fiscales, funcionarios de seguridad y académicos universitarios, a quienes no nombra. Las 116 personas sancionadas son “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
Las sanciones del Tesoro fueron adoptadas debido a que “el régimen de Ortega-Murillo continúa sometiendo a la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y deteniendo a cientos de personas como presos políticos”, aseguró Brian Nelson, subsecretario para terrorismo e inteligencia financiera, en un comunicado.
Además de la ministra Barahona, también fueron blanco de sanciones los generales Jesús Pulido Ortiz y Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, por haber “reprimido a la oposición política y las manifestaciones públicas, con un resultado de más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de cientos de figuras políticas y de la sociedad civil”, según se lee en el comunicado del Tesoro estadounidense.
“El Ejército de Nicaragua no solo se negó a ordenar el desarme y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o ‘parapoliciales’ durante y después de las revueltas políticas, sino que los militares también proporcionaron armas a los parapoliciales que cometieron actos de violencia contra los nicaragüenses”, añadió.
El Tesoro también sancionó a funcionarios del regulador de telecomunicaciones que supuestamente dirigía en las redes sociales una granja de trolls, eliminada por Meta (anteriormente conocida como Facebook) “para influir en la opinión pública a favor del régimen y difundir información negativa sobre la oposición”.
En noviembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó los comicios de “farsa” y afirmó que las elecciones “no fueron libres ni justas, y sin duda no democráticas”. Después de las elecciones, Estados Unidos impuso restricciones de visado a Ortega y Murillo, mientras que la Unión Europea hizo lo propio con Murillo y uno de los hijos de Ortega.
Antes de las elecciones de noviembre, las autoridades nicaragüenses detuvieron a casi 40 opositores, incluidos siete aspirantes a candidatos presidenciales, lo que le garantizó la victoria a Ortega, de 76 años. El Departamento de Estado sostiene que el gobierno mantiene a 170 presos políticos en las cárceles.
“Aplicamos estas sanciones económicas y restricciones de visado para promover que se rinda cuentas por la escalada de autoritarismo y abusos del régimen de Ortega-Murillo”, señaló Blinken en un comunicado. “El presidente Ortega prestará hoy juramento para un nuevo período presidencial, pero la elección predeterminada que organizó el 7 de noviembre no le otorga un nuevo mandato democrático, solo elecciones libres y justas pueden hacerlo”.
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