Caracas. Más de 700 detenidos durante la crisis poselectoral de Venezuela fueron trasladados a dos cárceles de máxima seguridad durante la última semana en medio de irregularidades, indicó este sábado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“El régimen de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estaban en calabozos policiales en todo el país y fueron llevados a las cárceles de Tocuyito (Carabobo, centro) y Tocorón (Aragua, centro)”, dijo el OVP en una nota de prensa.
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Los traslados se realizaron el 25, 27 y 30 de agosto y ocurrieron con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares. Muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales, añadió la ONG.
Más de 2.400 personas, entre ellas un centenar de adolescentes, fueron detenidas tras las protestas contra la reelección de Maduro el 28 de julio, cuando lo proclamaron vencedor, a pesar de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.
![El régimen de Nicolás Maduro arremete contra la oposición con detenciones masivas. Foto: AFP](https://www.nacion.com/resizer/v2/PFEUDXE64ZFTPM5NSXPR2WSX4I.jpg?smart=true&auth=9aa5cd211dc0b1066923a63dd1ae8fd6a2a805aa73258c20f3115881d3aca0c4&width=5824&height=3672)
A inicios de agosto, el mandatario señaló que alistaría las cárceles de Tocorón y Tocuyito, que estuvieron años bajo control de bandas criminales, para recluir a los detenidos en las protestas.
“Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, dijo Maduro en ese entonces.
Según el OVP, las autoridades no ofrecen información sobre los detenidos. Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza.
Del total de 2.400 detenidos, unos 1.581 fueron registrados como “presos políticos” por la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de encarcelados por motivos políticos en el país. La organización, no obstante, continúa recibiendo denuncias y contabilizando casos.
Las manifestaciones también dejaron 27 muertos y 192 heridos.