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Quito. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, se quedó desde el lunes sin funciones, pero aún mantiene el cargo, en medio de una indagación de la Fiscalía en su contra por presuntos cobros indebidos de dinero cuando era legisladora.
"He decidido liberar de sus funciones" a la vicepresidenta, dijo el mandatario Lenín Moreno durante la posesión de nuevos ministros en Quito.
Sin embargo, la decisión no implica la destitución de Vicuña, a quien la Asamblea Nacional pidió el pasado jueves su renuncia tras ser acusada por un exasesor.
"Para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa, por eso la libero de sus funciones", añadió Moreno.
La vicepresidenta señaló a su vez por la red Twitter que solicitó "licencia" sin remuneración para "ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas".
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Vicuña estaba encargada de programas sociales y la reconstrucción de los daños dejados por el terremoto de 7,8 grados que sacudió el oeste del país el 16 de abril del 2016, el cual dejó un saldo de 673 muertos y pérdidas por más de $3.000 millones.
Moreno indicó que “por la delicadeza de esas funciones, las estoy encargando al secretario general (de la Presidencia), José Augusto Briones”.
El abogado Ángel Sagbay denunció la semana pasada que en el 2012 y el 2013, cuando asesoraba a Vicuña en la Asamblea, hizo depósitos mensuales por alrededor de $20.000 en una cuenta bancaria de la entonces parlamentaria, quien exigía dinero como contribución para su movimiento político.
Vicuña calificó de "infamia" a la denuncia de Sagbay y dijo que confiaba en que se resolverá en la justicia, mientras que la Fiscalía la investiga.
El lunes, la vicepresidenta en una carta dirigida al jefe de Estado pidió "licencia" hasta el próximo 31 de diciembre expresando que la denuncia fue difundida "sin contraste alguno" y "con evidente malicia" por un medio local de comunicación.
Vicuña fue designada vicepresidenta encargada por Moreno en octubre del 2017 y elegida finalmente por el Legislativo en enero último ante la ausencia en el cargo del titular, Jorge Glas, al estar preso por recibir sobornos por $13,5 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
El año pasado, Moreno también despojó de las funciones a Glas, quien manejó los sectores estratégicos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y que está condenado en primera instancia a seis años de cárcel.
Según la Constitución, el vicepresidente es el encargado de reemplazar al mandatario en caso de ausencia temporal o definitiva y ejerce las funciones que éste le asigne.
Al ser un cargo de elección popular, en Ecuador el vicepresidente no puede ser destituido por el mandatario. La única vía para suspenderlo del puesto es a través de un juicio político desde la Asamblea, en la que el oficialismo perdió la mayoría por una pugna de poder entre Moreno y Correa, que asumió en mayo del 2017 para cuatro años.
