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Caracas
La legitimidad de la Asamblea Constituyente, elegida el domingo anterior y que debe elaborar una nueva Ley Fundamental en Venezuela, quedó más en entredicho el miércoles después de que la empresa que suministró la tecnología para la votación denunció que el resultado fue "manipulado".
La revelación ocurrió pocas horas antes de que Maduro se aprestaba a juramentar a los 545 miembros del organismo, quienes debían comenzar funciones este jueves, pero a última hora el mandatario atrasó la instalación hasta el viernes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual la oposición acusado de afín al gobierno del presidente Nicolás Maduro, había asegurado que en la votación participaron más de ocho millones de personas, pero el presidente de la compañía SmartMatic, Antonio Múgica, declaró en Londres que "sin lugar a dudas" hubo "manipulación" de los resultados.
"Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", dijo Múgica, cuya empresa dio soporte tecnológico a comicios venezolanos entre el 2004 y el 2015.
Por su lado, el CNE consideró "irresponsable" y "sin fundamento" esa denuncia. "Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamentos en la data que maneja exclusivamente" el CNE, aseguró su presidenta Tibisay Lucena, en una declaración pública.
Indicó que Smartmatic, que es proveedor del Consejo desde el 2004, participó en todas las auditorias del proceso.
Lucena advirtió de que "el Poder Electoral se reserva acciones legales a tan irresponsables declaraciones.".
La funcionaria, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, aseveró que el Poder Electoral ha sido víctima de diversas agresiones como la quema de 181 máquinas electorales, el bloqueo de las cuentas en el exterior de algunos proveedores y "ataques cibernéticos", pero no ofreció detalles.
La oposición sostiene que apenas unos 3,5 millones de ciudadanos votaron, por lo que es el "mayor fraude en la historia" del país. "Es un terremoto a nivel mundial", manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, que pidió a la Fiscalía investigar el "fraude".
A las críticas se sumó uno de los cinco directores del Consejo, Luis Emilio Rondón, vinculado a la oposición, quien expresó que el organismo electoral está obligado a realizar las auditorías para aclarar los resultados de las elecciones.
Juramentación aplazada. La denuncia sobre esa presunta manipulación de resultados obligó al gobierno a postergar para el viernes la puesta en marcha de los trabajos de la Constituyente.
El presidente Maduro anunció el miércoles que no será hasta ese día cuando los asambleístas sean juramentados "en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario".
Arguyó que aún estaba pendiente la proclamación, por parte del Poder Electoral, de 35 constituyentes de un total de 545 que integrarán la Asamblea.
El aplazamiento, según el mandatario, pretende "despejar las amenazas porque queremos que todo se dé en paz".
Maduro se sumó al rechazo a la denuncia de la empresa Smartmatic. "Este proceso no lo mancha nada porque es transparente", aseveró el gobernante, quien atribuyó la versión de la compañía informática a una "reacción del enemigo internacional".
Pidió al CNE que "culmine el ciento por ciento de la auditoria" para despejar cualquier duda.
El escándalo estalló en medio del rechazo de la oposición y de la comunidad internacional a la Asamblea Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido y reformará la Carta Magna de 1999, impulsada por el presidente Hugo Chávez, fallecido en enero del 2013.
Elegida en un ambiente de tensión y protestas que dejaron diez muertos, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento, lo que hace temer enfrentamientos.
Desde que los opositores tomaron el control de la Asamblea Nacional, en enero del 2016, simpatizantes del gobierno han irrumpido violentamente dos veces.
"Llegaremos mañana con los retratos del Libertador Simón Bolívar y el comandante Chávez al Palacio Legislativo, de donde nunca más saldrán", dijo la excanciller y ahora asambleísta Delcy Rodríguez en un mitin en Caracas.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, también asambleísta, anunció que una marcha acompañará la toma de posesión. "Llegaremos con el pueblo y diremos: aquí está el pueblo de Chávez que no se rinde".
La instalación, inicialmente prevista para este miércoles, se hará pese a que una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) no reconocen la Constituyente, por considerarla una amenaza a la democracia.
El gobierno también enfrenta la condena internacional por el encarcelamiento el martes de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes guardaban arresto domiciliario.
El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo gobierno impuso el lunes a Maduro sanciones financieras y jurídicas, fustigó las acciones de lo que llama "dictadura".
