Madrid. EFE. La Justicia española procesó ayer al líder del ilegalizado partido Batasuna, Arnaldo Otegi, por su supuesta pertenencia a la banda terrorista ETA.
Otegi ya estuvo en la cárcel hace unos días por su supuesta relación con la financiación de esa organización separatista.
La orden de procesamiento fue emitida por el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, quien también decidió acusar del mismo delito a Jon Salaberría, un exparlamentario regional de Sozialista Abertzaleak (sucesora de Batasuna) que actualmente se encuentra en fuga.
Según informaron fuentes jurídicas, en este auto, Grande-Marlaska cita a Otegi para el próximo 8 de junio para comunicarle el procesamiento y tomarle declaración.
Otegi y Salaberría, que ya estaban imputados en este mismo sumario por financiar presuntamente a ETA, han sido acusados directamente de integración en organización terrorista en grado de dirigentes.
La orden del magistrado afirma que existen indicios del "conocimiento" y la "participación directa o delegada" de ambos "en el proyecto delictivo común" del entramado terrorista dirigido por ETA.
Caso de Fiscalía. La decisión del magistrado responde a la petición cursada en este sentido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó el procesamiento de Otegi y Salaberría por un delito de integración en banda armada, castigado con hasta 14 años de prisión.
Otegi ingresó en prisión el 25 de mayo y recuperó la libertad dos días después cuando sus abogados depositaron la fianza de más de medio millón de dólares que le había impuesto el juez.
Salaberría y Otegi habían sido citados en la Audiencia Nacional el 25 de mayo para declarar como imputados en el sumario en el que Grande-Marlaska investiga la subordinación de Batasuna a ETA y su financiación.
Ante la incomparecencia de Salaberría, el magistrado dictó ese mismo día una orden internacional de detención en su contra.
Mientras, Arnaldo Otegi debía presentarse dos veces por semana en el juzgado más próximo a su casa y tenía prohibido salir del país o cambiar de residencia sin comunicárselo a la Audiencia Nacional.
El procesamiento de los políticos fue posible después de que ambos perdieron su condición de aforados por haber sido parlamentarios en el Parlamento regional vasco, disuelto en mayo.
Las acciones judiciales contra Batasuna como formación política culminaron en marzo del 2003 cuando el Tribunal Supremo la declaró ilegal por considerar que ella y sus predecesoras tenían una "identidad sustancial" con ETA.