Por ley el Gobierno de los Estados Unidos no puede ayudar a los países que tienen demandas presentadas en su contra por ciudadanos norteamericanos que fueron expropiados.
Sin embargo, EE. UU. creó la figura del "waiver" como una excepción a las naciones que presentan avances significativos en la resolución de estos contenciosos.
Este es el caso de Nicaragua, cuyos últimos dos gobiernos democráticos (Violeta Barrios y Arnoldo Alemán) han efectuado "importantes esfuerzos" en la solución de estos litigios, interpuestos por ciudadanos estadounidenses como último recurso para recuperar sus tierras o bienes perdidos durante la época de los sandinistas.
Poco después de que la dictadura de Anastasio Somoza Debayle fuera derrocada en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional comenzó a expropiar terrenos y otros bienes como automóviles a cientos de ciudadanos acomodados (de estadounidenses y nicaragüenses), con el pretexto de "crear un gobierno proletario (comunista)".
Para legalizar este reparto de bienes, poco antes de que Violeta Barrios asumiera el poder en 1990, los sandinistas aprobaron una serie de leyes, lo cual es conocido como la "piñata".
Desde entonces, los perjudicados por la pérdida de sus bienes han intentado recuperarlos o, por lo menos, ser rasarcidos por ello.
Ante esto, un grupo de diez legisladores estadounidenses propuso un proyecto de ley que eliminaría cualquier tipo de ayuda, especialmente el "waiver", a Nicaragua hasta tanto no se vislumbre una solución completa y expedita al problema de las propiedades.
Pero el proyecto no solo buscaba retirar la ayuda económica, sino impedir que organismos multilaterales aprobaran créditos para este país centroamericano.