Buenos Aires. Veinticinco años pasaron de aquel 18 de julio de 1994, cuando a las 9:53 a. m. una bomba voló la sede del centro judío AMIA y causó 85 muertos, en el más grave atentado terrorista de la historia argentina que sigue impune, enrededado en cuestiones geopolíticas y una maraña judicial.

“Lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en esto es ese momento de oscuridad, un momento que se hizo interminable, un ruido, pero también un silencio de nosotros, de los que estábamos ahí. Creo que nuestras mentes no podían entender”, evocó Anita Weinstein, superperviviente de la explosión y quien trabajaba en la AMIA.

"Este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto, fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina", enfatizó esta mujer que años después volvió a su empleo en el edificio reconstruido en el Once, un barrio judío comercial en la zona céntrica de Buenos Aires.

Una camioneta cargada de explosivos voló el edificio donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Además de 85 víctimas fatales, de entre 5 y 73 años, 300 personas resultaron heridas.

Este miércoles se inauguraron tres murales conmemorativos en el Hospital de Clínicas, adyacente a la sede de la AMIA, donde se atendió a las víctimas en aquella mañana infernal. El jueves fue declarado día de duelo nacional.

Argentina, con una colectividad judía de 300.000 personas, la segunda de América detrás de Estados Unidos, es el único país de Latinoamérica donde ha ocurrido un atentado antisemita.

En un contexto de extrema tensión entre Israel e Irán, Buenos Aires había sufrido otro atentado dos años antes: el 17 de marzo de 1992 una bomba voló la Embajada de Israel, causando 29 muertos y unos 200 heridos.

Dedo acusador a Irán

Por el de la AMIA, se ha responsabilizado al movimiento chiíta libanés Hezbolá y a Irán.

Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, espera que pronto Argentina declare a Hezbolá como organización terrorista. “Las naciones no pueden tolerar de ninguna manera que el terrorismo tenga fuentes de financiamiento en sus países”, dijo.

La Justicia argentina acusa a altos exfuncionarios iraníes de haber ideado el ataque, pero no ha podido tomarles declaración indagatoria.

Un memorando de entendimiento con Irán firmado en el 2012 por la mandataria Cristina Fernández (2007-2015) buscó –según sus autores– superar ese escollo, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.

Otro juicio contra la supuesta “conexión local” que proveyó la logística para el ataque fue anulado, al comprobarse que el juez pagó a uno de los implicados para que acusara falsamente a un grupo de policías y liberara a los primeros imputados.

Así se dejó de investigar la llamada 'pista siria', que vinculaba con el atentado a familias cercanas al expresidente Carlos Menem (1989-99).

Por esa operación, el exjuez Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión el pasado 28 de febrero en un juicio oral por desvío de la investigación. Menem fue absuelto, pero su exjefe de inteligencia Hugo Anzorreguy fue sentenciado a cuatro años de cárcel, entre otros inculpados.

Las organizaciones de familiares de las víctimas fueron querellantes y denunciaron el encubrimiento, en un enfrentamiento con las autoridades de la colectividad, alineadas con el gobierno de derecha israelí.

“La Justicia ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada”, deploró Diana Malamud, esposa de una de las víctimas y líder del grupo de familiares Memoria Activa.

Antes de asumir la presidencia en 1989, Menem había ofrecido a países árabes que colaboraron en la financiación de su campaña venderles tecnología militar e insumos nucleares a Irán, lo cual no cumplió tras alinearse con Estados Unidos en la política exterior. Entre otras hipótesis, se sospecha que el atentado pudo ser una venganza por esos compromisos incumplidos.

“Apenas ocurrió el atentado, Israel decía que fue Irán, cosa que puede haber sido cierta, pero en la lógica jurídica argentina hay que buscar los pasos que permitan probarlo”, manifestó Jorge Elbaum, presidente del Llamamiento Argentino Judío, una organización enfrentada a la dirigencia de la DAIA.

En línea con Memoria Activa, que denuncia encubrimiento, Elbaum sostiene que "todo estuvo muy mal hecho" y "el deterioro procesal hace muy difícil hacer acusaciones creíbles".

Mario Cimadevilla, quien estuvo a cargo de una secretaría para investigar el caso pero renunció, sostuvo que “el poder político no tiene ningún interés en avanzar en la Causa AMIA; la causa está parada hace años”.