Terrorismo

Ataques de extremistas impulsan leyes antiterroristas en Estados Unidos

Un senador republicano y un representante demócrata promueven la clasificación de crímenes como ‘terrorismo interno’

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Manifestantes de extrema derecha hicieron el OK con las manos, un gesto que se asocia con connotaciones racistas de parte de grupos supremacistas blancos. Ocurrió el 17 de agosto del 2019 en Portland, Oregón. (JOHN RUDOFF/AFP)

Salem, Estados Unidos. Un hombre blanco que odia a los mexicanos abre fuego en un Walmart en El Paso, Texas, y mata a 22 personas. Otro hombre mata a 11 judíos en una sinagoga en Pittsburgh.

Las dos matanzas y un tuit presidencial enfocaron los reflectores sobre la idea del “terrorismo interior”, dando impulso a un debate sobre si semejantes ataques se deben clasificar y juzgar de la misma manera que los crímenes contra Estados Unidos perpetrados por grupos extremistas extranjeros y sus seguidores.

Un senador republicano y un representante demócrata están elaborando proyectos con ese fin, y algunos republicanos piden que se designe a un grupo de izquierda organización terrorista.

“El terrorismo interior está en nuestro patio trasero y debemos llamarlo y tratarlo bajo la ley de la misma manera que otras formas de terrorismo”, dijo la senadora Martha McSally, republicana de Arizona quien piensa presentar su proyecto al comenzar las sesiones en setiembre.

La iniciativa de McSally permitiría a las agencias federales acusar a los sospechosos de actos de terrorismo interior y agregar penalidades por esos crímenes, incluso la pena de muerte.

El representante demócrata Adam Schiff, de California, presentó un proyecto el 16 de agosto que calificó “de muy alta prioridad”.

“El objetivo es colocar el terrorismo interior en el mismo nivel de prioridad que el terrorismo inspirado por el Estado Islámico o Al Qaida, ya que estadounidenses en territorio estadounidense tienen la misma o incluso mayor probabilidad de morir a manos de un terrorista interior motivado por alguna ideología de odio como la supremacía blanca”, sostuvo Schiff en entrevista telefónica.

La senadora republicana de Arizona Martha McSally promueve un proyecto de ley para penalizar a los grupos de terrorismo interno. (Andrew Harnik/AP)

Por su parte, dos senadores republicanos piden que se designe organización terrorista interior al movimiento antifascista conocido como Antifa. Un choque reciente entre supremacistas blancos y Antifa en Portland, Oregón, provocó un tuit del presidente Donald Trump en el que sugiere designar terrorista a Antifa, pero no a los supremacistas blancos. Esa designación no existe en la actualidad.

¿Quién es terrorista?

Ahora que la iniciativa de repensar a quién se debería designar terrorista adquiere cierto impulso, también ha provocado inquietud sobre la violación de los derechos constitucionales. Tampcoestá claro si se encarará el debate de manera bipartidista, aunque McSally dijo días atrás que su proyecto ha recibido “muchas reacciones positivas... de ambos bloques”.

Schiff expresó la esperanza de “apoyo bipartidista a un esfuerzo que permita empeñar todo el peso del gobierno federal en el juzgamiento de personas que cometen estos actos odiosos de terrorismo interior masivo”.

En tanto, el senador republicano Ted Cruz está elaborando “mecanismos legales” que permitirían tratar a las organizaciones terroristas del país como a las que integran la lista de grupos extremistas extranjeros del Departamento de Estado, manifestó su vocera Maria Jeffrey en un correo electrónico.

Cruz y su correligionario Bill Cassidy presentaron un proyecto de resolución el 18 de julio para condenar a Antifa y que se la designe organización terrorista interior.

El 17 de agosto, cuando los activistas de Antifa se aprestaban a enfrentar a manifestantes de ultraderecha en Portland, Oregón, Trump tuiteó que se estudiaba “nombrar a ANTIFA una ‘ORGANIZACIÓN de TERROR’”.

En la actualidad solo se puede calificar de organizaciones terroristas a grupos extranjeros. La lista del Departamento de Estado, incluye en la actualidad 68 grupos, ninguno de los cuales es supremacista blanco. Es un delito en Estados Unidos proporcionar conscientemente “apoyo material o recursos” a una organización terrorista extranjera.

El senador demócrata Jeff Merkley, de Oregón, opinó que el Congreso no debería autorizar al Poder Ejecutivo a designar grupos como terroristas interiores.

“No confío en que este gobierno sea capaz de ejercer semejante poder en forma imparcial y juiciosa”, dijo Merkley.

El grupo de defensa judío Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) dice que Antifa no ha sido acusado de homicidio y que no se puede comparar ese movimiento escasamente organizado con los grupos supremacistas blancos con los que suele chocar.

Antifa emplea “tácticas inaceptables”, pero rechaza el racismo, mientras que los supremacistas blancos usan violencia más extrema para intimidar a las minorías, agregó la ADL.

El representante demócrata de California Adam Schiff durante una audiencia en el Capitolio, en Washington, el 24 de julio del 2019. (Susan Walsh/AP)

Schiff dijo que el tuit de Trump “perjudica nuestros esfuerzos para combatir el terror masivo interior”.

“Lo considero parte de esos gestos políticos destructivos que cabe esperar del presidente, quien argumenta que el odio de los supremacistas blancos no es el problema, antifa es el problema”, dijo Schiff.

Mary McCord, exjefa de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo que calificar de terroristas a los grupos del país violaría derechos constitucionales como la libertad de expresión. Ella optaría por declarar el terrorismo interior un crimen federal, lo que permitiría juzgar a quienes le brinden apoyo material, sea en fondos, refugio o armas, entre otros.

La acusación de terrorismo internacional más común es la de dar apoyo material, y abarca casi la mitad de los juicios federales relacionados con el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo McCord.

Schiff dijo que su proyecto permitiría juzgar el acto de dar apoyo material a un terrorista interior.

Jeanne Theoharis, profesora de ciencias políticas en el Brooklyn College y autora de varios libros sobre derechos civiles, teme las consecuencias de semejante cláusula.

“El apoyo material permite perseguir a gente cuyas convicciones y asociaciones están en los márgenes”, dijo Theoharis. “Crea un medio para que el gobierno persiga gente cuya política no le gusta”.

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