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El gobierno español está cerrando el grifo de las finanzas a Cataluña para bloquear el referendo de autodeterminación que los independentistas catalanes quieren realizar el 1 de octubre, una medida que hace peligrar el pago de salarios de miles de funcionarios.
"Es una irresponsabilidad total. Nos conducen a un colapso administrativo", protestó el lunes el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, al rechazar una medida "sin precedentes".
El ejecutivo catalán recurrió ante el Tribunal Supremo español la decisión anunciada el viernes por el gobierno central: la adopción de "un mecanismo de control de pagos" de Cataluña para evitar que financie alguna "actividad ilegal", como el referendo del 1 de octubre prohibido por la justicia.
Pero este tipo de recursos "nunca jamás es suspensivo", por lo cual la medida del gobierno está "en vigor", precisó a la AFP una portavoz del Tribunal Supremo.
"Es una suspensión 'de facto' de la autonomía financiera de Cataluña", estimó Alain Cuenca, especialista en financiación de las regiones en la universidad de Zaragoza, favorable a la unidad de España.
En el país, el Estado recauda la mayor parte de los impuestos (excepto en el País Vasco y Navarra, autónomos a este respecto), para luego repartir recursos entre las diferentes regiones, que a su vez pagan a los funcionarios, servicios sociales, educativos, etc.
Ahora, Madrid dejará de suministrar el dinero al gobierno catalán y prevé pagar directamente las facturas de los servicios esenciales (hospitales, escuelas, policía), por un monto que se eleva a 1.500 millones de euros al mes.
"Quiere decir que (los dirigentes catalanes) ya no disponen de su dinero", explicó una portavoz del ministerio de Hacienda. "Tienen que hacer un cierre de caja (...) y a partir de ahora no pueden generar ningún gasto más".
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"¿Que hay menos autonomía? íClaro! Pero la gravedad de la medida va con la gravedad de los hechos", señaló Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado del partido de centroderecha Ciudadanos, aliado del gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Madrid lanzó la medida en respuesta al anuncio del ejecutivo catalán de que no se sometería más al control semanal que el gobierno central estableció en julio pasado, para asegurarse de que no se estuviera desviando dinero para la celebración del referendo.
Para el vicepresidente catalán, congelar las cuentas es una manera disfrazada de retirar la autonomía a Cataluña, una decisión que en principio sólo podría tomarse mediante la aplicación de un artículo de la Constitución, el 155, que conlleva un debate y el voto positivo de la mayoría absoluta en el Senado.
Implica "no poder destinar ni un euro a partidas como por ejemplo industria, comercio, agricultura, ganadería, cultura, investigación, deporte, juventud, vivienda", áreas consideradas no esenciales, aseveró.
Para Madrid, pagar los salarios de 170.000 funcionarios del gobierno catalán no es tarea menor. Para ello, debe contar con un registro completo de los empleados, incluso los temporales, sus días de baja por enfermedad, detalles de sus cuentas bancarias, etc.
Las autoridades catalanas tenían hasta este martes para enviar esta información a Madrid. Junqueras eludió contestar una pregunta al respecto en una conferencia de prensa, afirmando que actuarán "con la normalidad habitual".
Si se rehúsan, "se cierra el grifo", indicó la portavoz del ministerio de Hacienda, ya que significaría que el gobierno catalán "no coopera más, que no quieren que le paguen las nóminas a los funcionarios".
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La posibilidad de un retraso "realmente nos preocupa. Imagínese todas las personas que tienen hipotecas, etc., el problema que podrían tener con los bancos", explicó Joan Escanilla, presidente en Cataluña del principal sindicato de funcionarios, CSIF.
"Los recursos nosotros los tenemos. Y por tanto lo que haremos es cumplir nuestras obligaciones", garantizó el martes Junqueras.
De hecho, es posible que el gobierno catalán "tenga todavía un poco de margen" para pagar salarios en setiembre, estimó Cuenca. Casi un cuarto de sus ingresos los obtiene directamente de ciertos impuestos, como los de patrimonio y herencia, y por las matrículas universitarias.
Para evitar la utilización "ilegal" del dinero, Madrid pidió también a los bancos controlar estrictamente todos los movimientos de las cuentas y tarjetas bancarias del Ejecutivo catalán.
