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Barcelona
Más de 700 alcaldes en Cataluña dispuestos a organizar el referendo de autodeterminación prohibido por la Justicia se exponen a ser investigados y hasta arrestados, advirtió la Fiscalía General de España este miércoles, antes de que los independentistas lancen la campaña para la consulta.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales en Cataluña citar en calidad de investigados a los alcaldes "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal" del 1.° de octubre.
En caso de que no comparezcan, el fiscal instó "a acordar su detención y presentación en Fiscalía".
La disposición amenaza con caldear más los ánimos, ya tensos tras la convocatoria del Gobierno catalán de la consulta, pese a la prohibición y advertencias de Madrid, con la que planea declarar la independencia de la rica región del noreste de España de 7,5 millones de habitantes de ganar el sí.
El presidente de la Generalitat (Gobierno autónomo catalán), Carles Puigdemont, calificó la decisión como "una barbaridad". "Esto es una barbaridad. ¿Dónde, del mundo occidental o europeo, alguien puede pensar que deteniendo en el peor de los casos al 75% de los alcaldes del país está contribuyendo a solucionar el problema?", declaró o en una entrevista a la televisión pública catalana TV3.
"Es una causa general, es una causa que recuerda a prácticas impropias de una democracia", añadió.
Es un hecho "muy grave" y sin "precedentes", criticó Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organización que cifra en 712, de los 948 alcaldes en Cataluña, los comprometidos con realizar la consulta, por lo que podrían ser objeto de la orden.
En respuesta, la AMI y la asociación catalana de municipios convocaron una manifestación este sábado en Barcelona en rechazo a una "Justicia española que persigue medios de comunicación, papeletas, urnas...y ahora alcaldes".
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Desobediencia. "No tenemos nada que esconder y cuando tengamos que ir a declarar les diremos que nos debemos a nuestra gente y que seguiremos trabajando para que puedan votar el 1.° de octubre", aseveró Lloveras ante periodistas.
"Pues que nos arresten, ¡están locos!", reaccionó en conversación telefónica David Rovira, alcalde del partido PDCat (conservador e independentista) en la población de Espluga de Francoli, de 3.800 habitantes.
"Tiene que haber una posición de desobediencia en la totalidad de los alcaldes", consideró Montse Venturós, alcaldesa de Berga (16.000 habitantes) de la CUP, partido independentista de extrema izquierda cuyos alcaldes no atenderán la llamada de los fiscales.
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"Nosotros estamos al lado, delante y detrás de los alcaldes", afirmó en Madrid el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull.
Pero de las diez ciudades más pobladas, seis de ellas, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) han rehusado hasta ahora implicarse directamente en la votación.
Los catalanes se muestran divididos ante la secesión, aunque un 70% de ellos se inclina por celebrar un referendo para decidirlo.
Entre pancartas que proclamaban "Adiós España", cientos de miles de personas se manifestaron el lunes en el centro de Barcelona por la independencia, en ocasión de la Diada, el Día de Cataluña.
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Choque abierto. El jefe del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, decidido a impedir la consulta, llamó nuevamente a las autoridades catalanas a acatar la ley y las decisiones judiciales.
Pidió a los catalanes estar "tranquilos". "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referendo y sería un acto absolutamente ilegal", expresó.
En una primera referencia al tema desde la convocatoria de la consulta, el rey Felipe VI dijo estar seguro de que "la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia".
El Tribunal Constitucional, que desde el 2014 prohíbe el referendo, invalidó la convocatoria del Gobierno catalán y advirtió de que las autoridades regionales, en caso de desobedecer, se exponen a "eventuales responsabilidades, incluida la penal".
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Los separatistas catalanes, mayoritarios en el Parlamento regional desde setiembre del 2015, reclaman desde el 2012 un referendo de autodeterminación. Ahora han decidido ignorar las decisiones del TC y siguen adelante con la consulta. La noche del jueves lanzan la campaña por el sí.
"El aparato represivo del Estado funciona cuando la desobediencia es estadísticamente reducida", pero si viene de centenares de municipios, "el gobierno entero de la comunidad autónoma y otras autoridades administrativas, ¿cómo lo aplicas?", dijo recientemente el profesor de Derecho Vonstitucional Javier Pérez Royo.
"O hay un pacto para la celebración de un referendo o si no hay pacto, esto es una locura", sentenció.
