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Madrid. AP. En un soleado día primaveral del 2009, la infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarín gastaron 4.591 euros ($6.194) para celebrar la primera comunión de dos de sus hijos con casi 100 invitados.
No era la primera fiesta que organizaban en su palacete de Barcelona, bien protegido de objetivos curiosos por enormes muros de seguridad.
Los cumpleaños de alguno de sus cuatro hijos y festejos entre amigos eran corrientes en los buenos tiempos. Pero las dudas sobre si aquellos y otros muchos gastos fueron ocultados al fisco, han llevado a la hija de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, a testificar como imputada ante un juez .
La cita hoy en Palma de Mallorca, paraíso turístico en el corazón de las islas Baleares, es histórica en sí misma. Porque no es habitual ver a personas de sangre azul complicadas en los tribunales si no es por un divorcio.
La infanta está imputada por delitos de fraude y blanqueo de capitales, que podrían significar hasta 11 años de prisión. Cristina está bajo investigación, pero no ha sido formalmente acusada.
“Que la hija de los reyes de España declare como imputada ante un juez, es un hecho insólito en la democracia española” , dijo Fernando Rayón, autor de cuatro libros sobre la monarquía española. “El daño es no solo a la infanta, sino a la institución, a la Corona. Es evidente y está hecho” .
Ante el juez. Quien interrogará a la hija de los reyes es el juez José Castro, que ya investiga a Urdangarín en su juzgado de Palma de Mallorca desde el 2010. La declaración será a puerta cerrada.
En su auto de imputación, de más de 200 folios, Castro desnudó la vida privada de la pareja, generalmente ajena a la opinión pública.
No solo las fiestas. También se mencionaron viajes, estancias en lujosos hoteles, clases de salsa o la compra de una exclusiva vajilla de casi $3.000. Un retrato de la típica vida de la realeza, muy difícil de digerir en un país atormentado por la crisis y con un desempleo del 26%.
Pero lo que se dirime en Palma no es la conveniencia de un tren de vida más o menos alto, sino su legalidad. La acusación sostiene que ese dinero se facturó a la sociedad mercantil Aizoon , creada al 50% por Cristina y su esposo en el 2003.
De acuerdo con Castro, Aizoon era una “sociedad pantalla” cuyos ingresos se usaron como gastos personales, cuando en realidad se trataba de dividendos que debían tributarse a Hacienda.
“Lo que no se puede hacer es disfrazar como gastos de la sociedad gastos tuyos que son personales” , manifestó Ignacio Sánchez, abogado del despacho Hogan Lovells, sito en Madrid. “Los gastos inherentes a la sociedad hay que repartirlos y tributarlos ” .
Jesús María Silva, abogado de la infanta, afirmó que es inocente. La línea de defensa esperada es que Cristina atribuya la gestión de la sociedad a su marido, descargando cualquier responsabilidad sobre su persona.
“Ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España”, expresó Silva.
El proceso judicial contra Cristina, de 48 años, nació de la presunta malversación de $5,6 millones en subvenciones públicas, de la que se acusa a su esposo, Iñaki Urdangarín, durante su etapa como presidente de un instituto deportivo sin ánimo de lucro, denominado Nóos.
Parte del dinero que generaba la actividad de Nóos fue a parar a Aizoon, según el magistrado.
La ley española dice que el delito fiscal se tipifica al defraudar más de 120.000 euros ($162.374) en un año. Por debajo de esa cantidad, se imponen multas. Técnicos de Hacienda declararon que, de haber fraude, la infanta jamás sobrepasó ese límite .
