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Madrid
El gobierno y la justicia de España desplegaron este jueves todo su arsenal contra el referendo de independencia del 1 de octubre en Cataluña, donde la fiscalía asegura que intervendrá todo material destinado a celebrar la consulta.
Según indicó una fuente judicial, a última hora de la noche el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el referendo, al admitir a trámite los cuatro recursos presentados este jueves por el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.
La suspensión, a la espera de que el alto tribunal se pronuncie, concierne la ley catalana que permite el referendo, así como el decreto de convocatoria del mismo y la junta electoral recién creada por las autoridades regionales de Cataluña.
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Sin embargo, los líderes independentistas catalanes desoyen las decisiones del Constitucional, al que consideran una institución "politizada", y aseguran que éste no va a parar la votación.
"No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado", dijo el presidente regional Carles Puigdemont.
"La obsesión de suspender constantemente la democracia y la política es inútil ante la firme voluntad de decidir nuestro futuro", abundó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
En una comparecencia ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, Rajoy defendió los recursos interpuestos, aseverando que "la convocatoria del referendo de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas".
Igualmente, apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, informándoles de que tienen el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo".
Los alcaldes son un elemento clave, al tener en sus manos el poder de decidir si el 1 de octubre abren centros para permitir la votación.
Puigdemont les ha enviado una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para celebrar la consulta.
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Según él, más de 500 ya han manifestado su apoyo al referendo, aunque los consistorios de grandes ciudades como Barcelona aún no han respondido.
La misiva destaca que la ley sobre el referendo, aprobada el miércoles en una acalorada sesión, establece un "régimen jurídico excepcional", superior a cualquier otra legislación, incluyendo la Constitución española.
Sin embargo, tras la suspensión cautelar de la consulta por el Tribunal Constitucional, los ayuntamientos se encuentran ante la disyuntiva de obedecer o no. Una tesitura difícil, ya que el gobierno español ha advertido que todo aquel funcionario que participe en la organización del referendo se expone a sanciones.
Por el momento, y a la vista de los preparativos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció desde Madrid que próximamente "se van a cursar las órdenes oportunas para que la Policía judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referendo ilegal".
El fiscal general anunció también que se están "ultimando sendas querellas criminales", una contra los miembros del Parlamento catalán, que el miércoles permitieron tramitar la ley del referendo, y otra contra los miembros del gobierno regional catalán, "por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referendo".
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Aparte de la vía judicial, Rajoy escenificó los apoyos políticos con que cuenta frente al desafío soberanista catalán.
Así, se reunió con el líder de la oposición socialista Pedro Sánchez, opuesto a la celebración del referendo pero favorable a un diálogo político que logre desactivar una crisis que dura años.
"Responsabilidad en la defensa de la ley pero con la convicción de que mediante el diálogo y la suma de voluntades lograremos una solución", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.
Rajoy se reunió también este jueves con Albert Rivera, líder del partido centrista Ciudadanos, principal fuerza opositora en la cámara catalana. Éste ha manifestado su apoyo "sin fisuras" al gobierno español.
Por su lado, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, y que "cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE".
Ajeno a las advertencias de Madrid, el Parlamento catalán, tras una tensa y maratoniana reunión el miércoles, volvió a reunirse este jueves para seguir adelante con su plan.
Los independentistas quieren aprobar la "ley de transitoriedad", que será la "norma suprema" en los primeros compases de la nueva república si gana la opción independentista.
La Generalitat ha lanzado una campaña de seducción para conseguir la máxima participación posible que legitime la cita electoral. "Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos", asegura un anuncio publicitario del gobierno regional.
Su principal enemigo es una abstención masiva de los partidarios del "no", promovida por los partidos contrarios a la secesión, que el miércoles denunciaron insistentemente la ilegalidad del proyecto.
